El Servicio de Investigación Penal (SIP) capturó a los implicados en el sector El Araguaney tras la denuncia de otra menor de edad perteneciente al grupo familiar.
Un hecho calificado como aberrante por las autoridades policiales fue detectado en el municipio San Carlos del estado Cojedes, donde una adolescente de 14 años con condición especial era víctima de agresiones sexuales continuas. Según el reporte ofrecido por el comisario Agusmil Fernando Mendoza, director de la Policía de Cojedes, los responsables del vejamen serían los dos hermanos mayores de la víctima, de 18 y 20 años de edad. En este sentido, las investigaciones determinaron que los abusos ocurrieron de forma sistemática durante al menos dos años en el interior de una vivienda ubicada en la comunidad Valle Hondo, específicamente en el sector El Araguaney.
Adicionalmente, el procedimiento policial reveló que la madre de los involucrados, una mujer de 39 años de edad, tenía pleno conocimiento de las agresiones cometidas contra la adolescente A.M. y no ejerció ninguna acción para protegerla. El caso salió a la luz pública gracias a la valentía de otra hermana de la víctima, identificada como la menor M.M. de 16 años, quien acudió ante los organismos de seguridad para denunciar el entorno de violencia en el que convivían. Por consiguiente, los funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP) activaron una comisión de captura inmediata para detener a los dos hermanos y a la progenitora por su presunta complicidad y omisión ante el delito.
Finalmente, la aprehensión se concretó bajo la supervisión directa del comisario Héctor Alejos, jefe del SIP, quedando los tres detenidos a disposición de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público del estado Cojedes. El comisario Mendoza hizo un llamado enérgico a la colectividad para que denuncien cualquier sospecha de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes, reafirmando el compromiso institucional de velar por la integridad de los ciudadanos más vulnerables. Consecuentemente, los implicados enfrentarán cargos por delitos previstos en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), mientras la víctima recibe la atención integral necesaria por parte de los órganos competentes.
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