El abogado permanece privado de libertad desde julio de 2025 en un proceso que familiares califican de irregular
Familiares y allegados del abogado Ramón Corredor han manifestado su profunda preocupación ante lo que consideran una detención injusta que se prolonga desde el mes de julio de 2025 en la ciudad de Guanare. Según los testimonios recabados, el profesional del derecho fue aprehendido en circunstancias que, a juicio de su defensa, carecen de sustento probatorio sólido y vulneran el debido proceso establecido en la legislación venezolana. El caso ha generado eco en el gremio jurídico del estado Portuguesa, donde se solicita una revisión exhaustiva de las actuaciones judiciales que mantienen al jurista tras las rejas.
Adicionalmente, se ha denunciado que el estado de salud de Corredor se ha visto comprometido durante el tiempo de su reclusión, lo que añade una carga de urgencia a las solicitudes de medidas cautelares o revisión de su estatus jurídico. En este sentido, los portavoces de la familia hacen un llamado directo al Ministerio Público y a los tribunales competentes para que se garantice una justicia imparcial y expedita. Argumentan que, hasta la fecha, no se han presentado elementos de convicción que justifiquen la continuidad de la privación preventiva de libertad, solicitando que el proceso se lleve a cabo bajo principios de transparencia y respeto a los derechos humanos.
Consecuentemente, diversos sectores de la sociedad civil en el municipio capital han expresado su solidaridad con el abogado, quien es reconocido por su trayectoria en el ejercicio legal en la entidad llanera. Los denunciantes enfatizan que el retardo procesal y la falta de claridad en las acusaciones son factores que agravan la situación de vulnerabilidad del detenido. Por tal motivo, se espera que en las próximas semanas se realicen nuevas audiencias donde la defensa técnica pueda consignar las pruebas necesarias para demostrar la inocencia del profesional y lograr su libertad plena conforme a derecho.
La exigencia de los familiares es clara: el cese de lo que consideran una arbitrariedad y el cumplimiento de las garantías constitucionales que amparan a todo ciudadano.
Redacción Portuguesaaldia.com
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