La propuesta legislativa busca modernizar 18 artículos para incentivar la inversión privada y elevar la producción petrolera en 2026
La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves, bajo la figura de urgencia parlamentaria, el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esta iniciativa, presentada originalmente por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, tiene como objetivo central actualizar el marco jurídico energético del país a las exigencias del mercado global actual. Durante la plenaria, el diputado Orlando Camacho, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, enfatizó que la normativa vigente de 2006 requiere ajustes profundos para garantizar un entorno atractivo y seguro para los capitales extranjeros, permitiendo que el petróleo continúe siendo el motor principal del desarrollo nacional.
En este sentido, la reforma contempla la modificación de 18 artículos estratégicos que facilitarán el desarrollo conjunto entre los sectores público y privado. Entre los puntos clave destaca la integración del modelo de los «Contratos de Participación Productiva» (CPP), derivados de la Ley Antibloqueo, donde las empresas operadoras asumen la gestión integral a su propio riesgo y costo. Consecuentemente, el Estado no adquiere nuevas deudas, ya que la retribución de los socios privados consistirá en una participación porcentual sobre los volúmenes de crudo fiscalizados. Esta medida busca reactivar campos maduros y desarrollar nuevas áreas que requieren inversiones de gran escala para aumentar los barriles diarios producidos.
Adicionalmente, el nuevo texto legal propone mecanismos de flexibilidad en las regalías para atraer inversiones a campos no desarrollados, así como la inclusión de arbitrajes independientes para la resolución de conflictos bajo el marco constitucional. La reforma llega en un momento crítico, dado que este 2026 comienzan a vencerse los términos legales de las primeras empresas mixtas constituidas en el país, lo que obliga a ofrecer garantías jurídicas renovadas para mantener las operaciones vigentes. Asimismo, se anunció que los ingresos derivados de esta apertura petrolera alimentarán el Fondo Soberano de Infraestructura y Servicios, destinado a mejorar hospitales, escuelas y redes eléctricas en todo el territorio.
Finalmente, el Parlamento venezolano iniciará ahora una fase de consulta pública nacional antes de proceder a la segunda discusión y sanción definitiva de la ley. Tanto la bancada oficialista como sectores de la oposición coinciden en que la remoción de trabas burocráticas es fundamental para que la industria petrolera recupere su dinamismo.
Redacción Portuguesaaldia.com
