El día 6 de agosto de 2024, la jueza Gregoria Ramona Escalona Torres, acompañada por aproximadamente 8 personas, se presentó para llevar a cabo un desalojo en el apartamento 4 del Edificio Loiacono, frente a Anca en Araure, Estado Portuguesa. Durante esta jornada, fui objeto de acoso por parte del abogado Marluin Tovar y las personas presentes, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Además, al retirarse, arrancaron un afiche del Presidente Nicolás Maduro.
Así lo denunció Rosaura Pérez, quien adicionó que al día siguiente, 7 de agosto de 2024, procedió a realizar una denuncia ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público con sede en Acarigua. Posteriormente, el 12 de agosto de 2024, se acordó, en un acta con la abogada Aura Contreras de SUNAVI, que los hermanos Loiacono se comprometían a buscar una solución habitacional y que, transcurridos 15 días desde la firma del contrato de arrendamiento, se entregaría voluntariamente el inmueble.
«El 30 de septiembre de 2024, firmé un contrato con la ciudadana Neida Valderrama, quien fue presentada por el abogado Marluin Tovar. Esta persona se comprometió a entregarme las llaves el 1 de octubre de 2024, lo cual no se cumplió».
La afectada dijo que ese mismo día, sin haber cumplido con lo acordado con SUNAVI, la jueza mencionada procedió a sacar todas mis pertenencias y llevarlas a un lugar que desconozco, violando así la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Contra Desalojos Arbitrarios de Viviendas.
De estos hechos, tienen conocimiento la Defensoría del Pueblo, la Inspectoría General de Tribunales.
«El día del desalojo, sufrí una severa crisis de hipertensión y fui trasladada de emergencia al CDI de Campo Lindo. Actualmente, enfrento graves problemas de salud, sin familia en el país, y el consejo comunal del sector da fe de lo expuesto».
Hago un llamado al Fiscal General de la República y al camarada Presidente Nicolás Maduro, pidiendo justicia ante esta situación inadmisible.
Édgar Alexander Morales
