La Fiscalía colombiana solicitará la extradición de tres implicados capturados en los estados Aragua y Portuguesa.
El principal señalado operaba como estilista y barbero, sin contar con credenciales médicas para realizar procedimientos invasivos.
BOGOTÁ, COLOMBIA / MARACAY, VENEZUELA – Un giro operativo y de alcance internacional ha dado la investigación por la muerte de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado en Apulo, Cundinamarca, tras someterse a una lipólisis láser en un centro estético clandestino al sur de Bogotá. En las últimas horas, la articulación entre organismos judiciales de Colombia y Venezuela permitió la captura de los tres principales sospechosos en territorio venezolano, desmantelando la ruta de escape de los presuntos responsables.
La detención clave de Eduardo David Ramos en la ciudad de Maracay, estado Aragua, marca el punto de quiebre del proceso. Ramos, identificado como el ejecutor del procedimiento estético, carece de cualquier título en medicina y, según las pesquisas, ejercía formalmente como estilista y barbero profesional. A su captura se suma la localización de María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento (presuntos administradores del establecimiento ilícito «Beauty Láser»), quienes fueron interceptados por las autoridades en el estado #Portuguesa.
Yulixa Toloza | La ruta de la huida y el modus operandi
El avance de las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación de Colombia logró reconstruir la línea de tiempo y fuga de los implicados gracias al hallazgo en Cúcuta de un vehículo Chevrolet Sonic vinculado al caso. El análisis de cámaras de seguridad, registros telefónicos y seguimientos electrónicos determinó que los sospechosos abandonaron la capital colombiana con rumbo a la frontera tras percatarse del deceso de la víctima.
El centro Beauty Láser operaba al margen de la ley, sin permisos sanitarios ni la habilitación requerida para cirugías estéticas o procedimientos invasivos. Tras las complicaciones médicas de Toloza, los implicados habrían incurrido en conductas tipificadas como homicidio doloso agravado, desaparición forzada y omisión de socorro, al intentar ocultar el cuerpo en una zona rural de Cundinamarca.
El laberinto jurídico: Extradición o juicio en Venezuela
La Fiscalía General de la Nación de Colombia iniciará formalmente el trámite para solicitar a las autoridades venezolanas la extradición pasiva de los tres ciudadanos. El requerimiento judicial se fundamenta jurídicamente en el histórico Tratado Bolivariano de Extradición de 1911, activado luego de que los sospechosos fueran ubicados mediante una notificación azul de Interpol.
No obstante, el caso enfrenta un importante desafío legal en Caracas. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe taxativamente la extradición de sus connacionales. Corresponderá a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) evaluar la nacionalidad de los detenidos. De comprobarse la ciudadanía venezolana y denegarse el traslado a Bogotá, el ordenamiento jurídico internacional estipula el principio aut dedere aut judicare (extraditar o juzgar), por lo que los tres señalados deberán ser procesados penalmente en los tribunales de Venezuela con las pruebas remitidas por el Estado colombiano.
La opinión pública de ambos países se mantiene atenta al desarrollo de este proceso de alta cooperación judicial, el cual vuelve a poner sobre la mesa los peligros latentes de las llamadas «clínicas de garaje» y la necesidad de controles fronterizos más estrictos frente al delito transnacional.
