Funcionarios del centro de coordinación policial priorizaron la verificación judicial exhaustiva sobre la inmediatez, garantizando los derechos de un ciudadano durante un procedimiento rutinario en el centro de la ciudad.
Un procedimiento de patrullaje preventivo del CCP 01 Los Próceres se convirtió en un ejemplo de rigor administrativo y respeto a los derechos ciudadanos. Este domingo 2 de octubre, al abordar al ciudadano Vela Justo Jhonathan José, los funcionarios detectaron una discrepancia entre una solicitud activa en el sistema SIIPOL y un documento de excarcelación presentado por el individuo.
Frente a la copia borrosa de la boleta de excarcelación, los inspectores actuantes, aplicaron estrictamente los protocolos establecidos. En lugar de proceder basándose únicamente en la información del sistema policial, optaron por la vía de la verificación judicial completa, trasladando al ciudadano a la sede para las diligencias respectivas.
La decisión operativa demostró el compromiso institucional con la legalidad. “Se traslada comisión policial al Palacio de Justicia para realizar verificación con Alguacilazgo”, detalló el reporte, evidenciando la meticulosidad del proceso que buscaba corroborar la autenticidad del documento mas allá de toda duda razonable.
La validación final con la Juez de Ejecución fue crucial. La magistrada constató personalmente que la boleta era “vigente y genuina”, lo que permitió la liberación del ciudadano. Este paso adicional subraya la importancia de la interinstitucionalidad para prevenir actuaciones arbitrarias.
Bajo la dirección del 1er Comisario (CPBEP) Dr. Rumbo Johan y la supervisión del Comisario (CPBEP) Piña José, el procedimiento concluyó con la elaboración de un oficio que documenta cada diligencia. Esta práctica garantiza transparencia y rendición de cuentas en todas las actuaciones del CCP 01 Los Próceres.
El caso sienta un precedente sobre la primacía de la verificación fáctica sobre los registros digitales. La institución reafirma que su eficiencia no se mide solo por la celeridad, sino por la correcta aplicación de los protocolos diseñados para proteger las garantías de los ciudadanos.