La Cámara de Representantes ratificó la Convención Internacional de la ONU para frenar el uso de exmilitares colombianos como combatientes extranjeros.
La Cámara de Representantes de Colombia aprobó este miércoles, con 83 votos a favor y 19 en contra, el proyecto de ley que ratifica la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. Este instrumento fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989. Con esta decisión legislativa, el país da un paso decisivo hacia la prohibición legal del mercenarismo, una práctica que ha involucrado a cientos de exmilitares colombianos en diversos conflictos internacionales. La iniciativa, presentada por la Cancillería y el Ministerio de Defensa, ahora pasa a sanción presidencial para que Colombia refuerce su marco jurídico.
El presidente Gustavo Petro ha insistido en la necesidad de frenar esta práctica, especialmente a raíz de las denuncias sobre la participación de exmilitares colombianos en escenarios bélicos como la guerra de Ucrania. El fenómeno ha adquirido gran magnitud, pues según cifras oficiales presentadas, al menos 64 colombianos han muerto en dicho conflicto y otros 122 permanecen desaparecidos. El Ministerio de Defensa subrayó que el mercenarismo constituye una forma de trata internacional de personas, en la que individuos son manipulados y enviados a otros países bajo condiciones precarias y sin respaldo legal, por lo que el refuerzo del marco jurídico es considerado necesario por el Ejecutivo.
Durante la discusión en el Congreso, la oposición liderada por el Centro Democrático cuestionó la iniciativa, argumentando que se estaría creando un nuevo tipo penal de manera irregular en el ordenamiento jurídico. En contraste, el oficialista Pacto Histórico defendió la medida como un mecanismo esencial para evitar que Colombia se convierta en un centro de mercenarismo internacional. El Centro Democrático anunció que presentará el proyecto ante la Corte Constitucional para su revisión y posible impugnación. En paralelo a la aprobación de la ley, el presidente Petro ordenó a la Cancillería establecer contacto con el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, para gestionar la liberación de los colombianos que, según el mandatario, fueron “engañados” y «parecen estar secuestrados” en ese país.