CONALOT impone reglas estrictas a rifas por WhatsApp e Instagram

La proliferación de sorteos informales en plataformas digitales tiene un nuevo freno legal. La Comisión Nacional de Lotería (CONALOT) ha oficializado la Providencia N° 001-2025, un instrumento jurídico que busca erradicar las estafas disfrazadas de «oportunidades» y regularizar a quienes utilizan las redes sociales para organizar rifas de motos, vehículos y divisas.

Blindaje para el participante: ¿Cómo no ser estafado?

Bajo la nueva normativa, el usuario tiene el derecho y deber de exigir transparencia antes de realizar cualquier pago. La clave para identificar un sorteo legal reside en dos elementos que deben ser visibles en toda publicidad:

  • Número de RUNLOT: Identificador del registro ante la comisión.

  • Certificado de Solvencia: Garantía de que el organizador cumple con sus deberes legales.

Si una rifa no exhibe estos datos, carece de respaldo legal, lo que significa que nadie garantiza la entrega del premio ni la devolución del dinero en caso de irregularidades.

Reglas claras para el «rifero» o emprendedor

Quienes organizan estos eventos, ya sea por emprendimiento o fines benéficos, deben ajustarse a tres pilares obligatorios para evitar sanciones penales o administrativas:

  1. Registro SITCON: Es obligatorio inscribirse en el Sistema Integrado de Control de Loterías para obtener la permisología correspondiente.

  2. Tasa Impositiva: El organizador debe pagar una tasa equivalente al 7% del valor total de los boletos que pretende vender.

  3. Publicidad Responsable: Todo post o anuncio debe incluir la frase “Juego Responsable” y la prohibición explícita de venta a menores de edad. Se prohíbe el uso del logo de CONALOT sin autorización previa.

Transparencia ante imprevistos

La Providencia establece que, en caso de suspensión de un sorteo por motivos de «fuerza mayor», el organizador dispone de un lapso máximo de 3 días para notificar a su audiencia por todos los medios posibles. El incumplimiento de estos lapsos será interpretado como indicio de fraude.

Con esta medida, el Estado venezolano busca sanear el mercado de juegos de azar digital, protegiendo el bolsillo del ciudadano y formalizando una actividad que se había convertido en terreno fértil para la informalidad y el engaño.

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