Criptoactivos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha pronunciado nuevamente sobre las criptomonedas a través de dos comunicados publicados el 23 de febrero, donde ratifica que estos activos no deben ser considerados como moneda de curso legal.
Las publicaciones contienen las opiniones y posturas de la Junta Ejecutiva sobre los temas relacionados con cripto que se discutieron a principios de mes. Los funcionarios enfatizaron los riesgos que plantean los activos digitales para las políticas monetarias, la recaudación de impuestos, la protección al consumidor y la estabilidad financiera.
En este sentido, el organismo establece que es esencial establecer reglas para un enfoque adecuado hacia estos activos: «Los esfuerzos para implementar políticas efectivas para los criptoactivos se han convertido en una prioridad política clave para las autoridades, en medio del fracaso de varios intercambios y otros actores dentro del ecosistema criptográfico, así como el colapso de ciertas monedas digitales. No hacer nada es insostenible, ya que los criptoactivos pueden seguir evolucionando a pesar de la recesión actual».
Los directores del FMI están de acuerdo en que ningún estado debería legitimarse como moneda de curso legal, ya que esto podría atentar contra la soberanía monetaria de las naciones. Tomando como ejemplo el caso de El Salvador, el organismo internacional insta a los países que consideren medidas similares a pensarlo dos veces y mejor alinearse con los estándares internacionales en materia monetaria.
En cuanto al posible enfoque de las criptomonedas, los directivos no consideran que la prohibición sea la mejor opción, pero plantean la necesidad de restricciones más específicas, implementadas en acuerdo con varias naciones, para pautar respuestas integrales, coherentes y coordinadas a nivel internacional, sin sofocar la innovación que podría traer la tecnología subyacente.
Para esto, el organismo monetario propuso nueve elementos que podrían ayudar a los países a desarrollar mecanismos de acción integrales, coherentes y coordinados en cuanto al diseño de políticas sobre las criptomonedas, que ayudarán a mitigar los riesgos asociados a las criptomonedas, al tiempo que podrían aprovecharse su tecnología para beneficio de los estados.
