La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha cargado duramente contra el actual mandatario del país, Javier Milei, a quien tachó de «pequeño dictadorzuelo» después de que este ordenara retirar la jubilación adicional que venía recibiendo a la expresidenta por su etapa al frente de la nación, al considerar que la reciente condena por corrupción hace que no sea merecedora de tales pagos.
Así, Fernández acusó a Milei de querer «crear y presidir un Tribunal de Honor para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo» de los exmandatarios. «Está apareciendo el pequeño dictadorzuelo que siempre llevaste adentro», manifestó la exmandataria en una extensa publicación en redes sociales donde añade que a muchos de los votantes de Milei «no les va alcanzar la vida para arrepentirse» de haber confiado en él.
«¿Te quieres asociar con la mafia judicial para perseguirme tú también? ¿Tanto miedo me tienes? Te comento que al dictador (Jorge Rafael) Videla (1976-1981) sí le tuve miedo, y mucho. Pero tú sólo me das lástima y vergüenza ajena», aseveró Fernández.
Al respecto de la decisión de Milei de retirarle su pensión como expresidenta y la que también recibe como viuda del expresidente Néstor Kirchner, Fernández dijo que esta es una medida «ilegal» e instó al mandatario a asesorarse mejor, pues estos pagos no se hacen en función del buen desempeño de los dirigentes, «sino por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo».
«El mal desempeño de un presidente sólo lo puede juzgar el Congreso de la Nación a través del proceso constitucional de juicio político, durante el ejercicio del mandato. Por una razón muy sencilla, Milei: sólo el pueblo, a través de sus representantes, puede revocarle el honor y el mérito de haber sido electos presidentes de la nación», explicó.
La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó el miércoles la condena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua dictada contra Fernández dentro de la denominada ‘Causa Vialidad’, en la que se han examinado supuestos fraudes en la concesión de obra pública. Pese a que cabe aún recurso en el Supremo, el Gobierno ha decidido despojarle de ciertos «privilegios».