Homar Garcés
Buscando incentivar valores éticos y republicanos entre quienes estaban asumiendo la construcción de los cimientos de la nueva nación surgida al calor de las batallas contra el dominio español, El Libertador Simón Bolívar expresó que “el talento sin probidad es un azote”. Con ello resumió que no eran suficientes todos los títulos y todas las capacidades que pudiera exhibir cualquier ciudadano en funciones de gobierno (o de Estado), si su comportamiento no estaba acoplado a la honestidad requerida para evitar envolverse en actos de corrupción administrativa, la cual ya había hecho mella en las viejas instituciones coloniales y comenzaba a hacerse notoria en las nuevas instituciones de la recién instituida República. Como prueba de sus palabras, Bolívar se negó a interceder a favor de sus familiares en casos que tuvieran que ver con la acción de las instituciones, lo mismo que a asociarse con empresarios que buscaban ampararse bajo su condición de máxima autoridad de la República. Además, como una fórmula de contención efectiva, Bolívar había decretado la pena de muerte para aquellos que incurriesen en tal delito, extendiendo el mismo castigo ejemplar a los jueces que, teniendo conocimiento del mismo, fueran complacientes con los acusados de corrupción o hicieran caso omiso de la denuncia presentada en su contra. En el presente, develada la situación creada por la red de corrupción encabezada por algunas figuras destacadas del chavismo, muchos venezolanos sostienen (ateniéndose al ideario bolivariano) que a estos delincuentes debe aplicárseles todo el rigor posible de la ley; ampliándose la pena contemplada por cada uno de los delitos perpetrados, incluyendo el decomiso sin apelación de sus propiedades y capitales. En esta situación, el proyecto de la Revolución Bolivariana ha sufrido un profundo e incalculable impacto negativo que buscan explotar grandemente sus opositores, con lo que tratan de incrementar la desconfianza hacia el estamento gubernamental y, en consecuencia, la deserción que se estaría viendo desde hace unos años en las filas oficialistas.
Para comprender, sino entender, lo que ha pasado con estos “personeros” del chavismo, es bueno traer a colación la trama de la obra El Proceso, escrita por Franz Kafka, donde uno de sus personajes, refiriéndose al guardián, otro de los personajes, discurre que “sea cual sea la impresión que nos cause, es un servidor de la ley y, como tal, escapa al juicio humano”. Esta es la noción que ha prevalecido hasta ahora en relación con el funcionamiento, la conducción y las decisiones inherentes al Estado, desde la época remota de los reyes que mandaron por voluntad de los dioses hasta la época actual con la serie de presidentes, primeros ministros y congresos electos en cada país del mundo. Poca cosa ha cambiado. La jerarquización impuesta por el Estado facilita en muchos aspectos que una porción de los funcionarios se vean a sí mismos como seres superiores que, por méritos propios, por circunstancias del destino o por adulancia escasamente disimulada, obtuvieron los cargos que detentan. Esto, en diversos periodos de la historia, ha sido cuestionado por teóricos y luchadores sociales y revolucionarios como un serio obstáculo a eliminar para que pueda concretarse realmente una sociedad igualitaria y emancipada mediante el ejercicio constante de la democracia. Por ello resulta pertinente recurrir a los valores proclamados y defendidos por Hugo Chávez como líder fundamental del proceso revolucionario bolivariano, los que empalmó con las aspiraciones populares de justicia social, dándoles una dimensión más real y menos retórica de lo acostumbrado. En este caso, el juicio de más importancia al cual debiera someterse a los culpables de corrupción tendría que ser aquel que tenga presente el ideario republicano de Bolívar y, por consiguiente, los valores contenidos en el proyecto revolucionario bolivariano impulsado por Chávez. Sería trascender la vieja convicción popular en relación con que en Venezuela ningún corrupto (salvo el tristemente célebre “chinito” de Recadi de la era puntofijista) es condenado a la cárcel y se marcaría un gran precedente que redundaría en una mayor confianza en el gobierno de Nicolás Maduro y, por añadidura, en la dirección del Psuv.
Por otra parte, es también oportuno reflexionar en que el delito de corrupción administrativa no está motivado, como se pudiera inferir comúnmente, por una extrema necesidad económica, puesto que muchos corruptos poseen un estatus superior al común de la gente, con un estilo de vida ostentoso y privilegios de distintos tipos derivados del ejercicio de su cargo. Tampoco se halla restringido al ámbito exclusivo de la política. Abarca otras áreas de la vida social que, normalmente, se creen exentas de su influencia, como sucede en las relaciones de las empresas privadas y las organizaciones sindicales o con los comercios que suelen especular con los precios de los productos que venden, perjudicando gravemente a quienes apenas cuentan con un salario mínimo. Tomando en cuenta estos y otros aspectos comunes, muchos expertos en Derecho, política y sociología, determinaron, entre sus causas principales, las siguientes: 1) la falta de una conciencia social de parte de sus beneficiarios; 2) el desconocimiento adrede de lo que es legal e ilegal; 3) la falta de valores, ética y moral; 4) la impunidad en los actos de corrupción debido a leyes que la sancionan superficialmente; 5) la poca eficiencia presente en la administración pública; 6) el excesivo poder discrecional del cual dispone cada funcionario en cargos de dirección; y, finalmente, 7) la codicia, entendida como una predisposición personal y no únicamente circunstancial. Sin ahondar demasiado en el análisis, en muchos funcionarios priva más el móvil lucrativo que el móvil altruista de servir oportuna y apropiadamente al pueblo, causando un grave daño a la institucionalidad y la validez de la democracia. En referencia con este problema, vale rememorar la antigua expresión coloquial de “a mí no me den plata, sino que me pongan donde haiga” que escasamente escandalizara a los venezolanos durante las cuatro décadas de gobiernos adecos y copeyanos. La flexibilización de las fronteras morales y éticas que esta concepción produce se refleja en la actitud prepotente asumida por quien se beneficia directamente de ella, marcando con ello una profunda diferenciación respecto al resto de las personas. Esto podría explicar el por qué la corrupción no solo es un problema moral de vieja data sino algo consustancial al modo como se manejan y se conciben la política y las diferentes instituciones del Estado; normalizando la malversación, el cohecho, el peculado de uso, el desvío de los recursos públicos, el tráfico de influencia y la distorsión de las instituciones y las políticas sociales y económicas que deban emprenderse en función del bien colectivo.
Adicionalmente, hay que mencionar que en el engranaje de la corrupción tiene un peso determinante el sistema de méritos en la administración pública, cuya aplicación es sustituida por la lealtad personal o la militancia partidista de quien aspire a un cargo, sea cual sea su nivel. Y esto se ha repetido incesantemente, a través del tiempo, sin una solución aparente. Esto da pie para que algunos servidores públicos ejerzan sus funciones indebidamente, aprovechándose en forma directa, o indirecta o por acto simulado, de cualquier tipo de gestión que requiera todo ciudadano. Esto, a la larga, contribuirá a la inestabilidad política del país, propiciada por la falta de credibilidad popular (como ya es una cuestión común) en las instituciones públicas. Todo lo anterior debe sopesarse adecuadamente y proceder en consecuencia para que impere en el país el tipo de Estado y de democracia que todos anhelan; lo que es ya una revolución, práctica y en perspectiva.

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