Elías Díaz / [email protected]
@LaPalabraElias
Un grupo de familiares de uno de los funcionarios imputados por el sonado caso del doble crimen del exagente del CICPC Carlos Alberto Salinas y su cuñado Carlos Pineda, hecho ocurrido en el barrio “5 de Julio” de la ciudad de Acarigua el 20 de Abril pasado, denuncian que están siendo víctimas de trato cruel e inhumano, por lo que piden la intervención directa del titular nacional de la Defensoría del Pueblo Alfredo, José Ruiz Angulo; así como de los representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; de la Defensora delegada del Pueblo de Portuguesa, Raquel Vieira de Real; así como de la Fiscalía del Ministerio Público en materia de Derechos Humanos del Segundo Circuito Judicial con sede en Acarigua.
La alerta la lanzan los familiares del funcionario del Servicio de Investigaciones Penales (SIP) de la Policía de Portuguesa, Luis Enrique Barrios Castellanos, de quien dicen tienen conocimiento que se encuentra con presunción de maltrato físico y vejaciones, así como incomunicados de su familia, siendo el único que lo ha podido ver desde de su detención un abogado de la Defensa Pública.
La vocería del grupo de denunciantes la asumieron Carmen Castellanos de Barrios, C.I: 9.408.662 (madre); Arisbely Molina Orellana, C.I: 17.880.268 esposa y Elizabeth Barrios Castellanos, C.I: 17.881.554 hermana, quienes entregaron a la redacción de primiciasportuguesa.com y el Informativo Universal, un extenso escrito donde dejan saber sus angustias y los pormenores que han rodeado el caso, aseverando que están ante una flagrante violación del debido proceso.
El temor se fundamenta en que por este mismo caso murió en un “supuesto enfrentamiento” el domingo primero de Mayo pasado el funcionario del Servicio de Investigaciones Penales (SIP) de la Policía de Portuguesa ELIÉZER JOSÉ MONTILLA COLMENARES, de 33 años de edad, quien tenía residencia en el barrio “Los Cortijos” de la ciudad de Guanare, capital del estado Portuguesa, a manos precisamente de una comisión del CICPC que alegó “intervención legal”.
En virtud del hecho que primiciaportuguesa.com y el Informativo Universal han publicado versiones oficiales del caso durante las últimas dos semanas, los mencionados familiares apelan al derecho constitucional a réplica que les asiste según el artículo 58 de la CRBV; así como al derecho a la libertad de expresión protegido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 19 señala: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
En este sentido y procediendo a la corrección de pequeños detalles de errores ortográficos, damos cabida a la CARTA-DENUNCIA entregada en nuestra redacción.
SEÑORES /
El día domingo 01 de mayo del 2022 nuestro familiar Luis Enrique Barrios Castellanos, funcionario activo del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Portuguesa, salió de nuestra casa a prestar labores a la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Guanare, estado Portuguesa, ente al cual se encontraba asignado. Durante la jornada laboral de ese día es convocado por sus superiores el Comisionado Jefe Juan Toro Castillo, Director del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Portuguesa y Deivis Yépez, jefe directo, los cuales le informan que se encontraba detenido a partir de ese momento por su presunta participación en el homicidio del ex funcionario del CICPC Carlos Alberto Salina y su cuñado Carlos Pinedas. Nuestro familiar en ningún momento mostró resistencia a la detención, posterior a esto fue trasladado a la ciudad de Acarigua y entregado a los funcionarios de la Unidad de Homicidios de la subdelegación de Acarigua, ubicada en la urbanización 24 de Julio de la misma ciudad. Desde la misma fecha no se les ha permitido a sus familiares tener contacto alguno con él. El día jueves 05 de mayo fue trasladado al Circuito Judicial Penal de la ciudad de Acarigua para la celebración de la audiencia oral de presentación, el caso fue asignado al Tribunal de Control número 3, en donde supimos que entre los delitos imputados se encuentran el doble homicidio, sicariato, asociación para delinquir, entre otros. El mismo día pudimos conocer que el Abogado Defensor Público solicitó un cambio de lugar de reclusión, así como también una valoración médico forense, al percatarse que sus defendidos presentaban señales de tortura y maltrato físico (queremos hacer énfasis en que si nuestro familiar Luis Barrios fue entregado directamente por sus superiores a los funcionarios del CICPC sin existir resistencia, por qué éste presenta tales señales de maltrato y tortura). El juez acordó el traslado al médico forense, más no el cambio de lugar de reclusión, decisión que a nuestro parecer (como familia) es contraria a derecho, ya que al ser una de las victimas ex funcionario del CICPC, los funcionarios aprehensores encargados de llevar la investigación y custodiar a nuestro familiar, tienen intereses particulares y emociones encontradas por el caso, es por ello que arremeten contra nuestro familiar haciendo abuso de la autoridad para infringirle daños, con tratos crueles e inhumanos, torturas, aberraciones, por lo que tememos por la vida, la seguridad y la integridad física de él y su compañero Luis Enrique Grimán.
El día viernes 06 de mayo, en horas de la mañana nos trasladamos hacia la sede del Circuito Judicial Penal para buscar la boleta de traslado hacia el médico forense y en el lugar se nos informó que la misma ya había sido librada y sería llevada por un alguacil a la sede de la Unidad de Homicidios, subdelegación Acarigua, ubicada en la urbanización 24 de julio de la misma ciudad, por lo cual nos trasladamos hasta la misma sede, lugar donde esperamos para asegurarnos de la entrega de la boleta y pudimos observar que aproximadamente a las 12 m. llegó el alguacil e hizo entrega de la boleta; a las 2 p.m. se nos acerco un funcionario quien con tono altisonante nos preguntó: “¿qué hacen aquí?” a lo que respondimos: “esperando el traslado de nuestros familiares hacia el forense” quien con indignación nos dijo: “A ellos no los vamos a trasladar a ningún lugar, no los queremos ver a ustedes aquí, así que pueden irse”; y efectivamente el traslado no se ha realizado hasta la fecha. Nuestra pregunta es: ¿este órgano tiene tanto poder para desacatar una orden judicial? ¿Tienen miedo los funcionarios de esta unidad que el forense determine la tortura a la cuál han sido sometidos estos seres humanos, sujetos de derechos como el debido proceso, la presunción de inocencia, los cuales se encuentran consagrados en nuestra Constitución nacional?
Es por lo que solicitamos al juez de control número 3 del Circuito Judicial Penal de la ciudad de Acarigua y el Fiscal asignado al caso, una revisión detenida de la solicitud y decisión de asignar como centro de reclusión preventiva durante la fase de investigación a la Unidad de Homicidios del CICPC, ya que además de no ser el lugar indicado por el conflicto de intereses existente, no cuenta con la estructura necesaria para ser un centro de reclusión, por ser dicha sede extremadamente pequeña en estructura.
Cabe destacar que es una casa de dos pisos de una urbanización con modificaciones, en la cual no podemos ni visitar a nuestros familiares por no contar esta con un espacio habilitado y ambientado para las visitas, lo que quiere decir que no podremos tener contacto alguno con nuestros familiares por 45 días o mucho tiempo más, que es el lapso que dura la investigación fiscal, ahora bien, tememos por la vida, la seguridad y la integridad física de nuestros familiares, nos preguntamos: ¿qué ha de ser de nuestros familiares si en cinco días han sido sometidos a tantas aberraciones y torturas inhumanas, qué les podrá pasar en 45 días o todo el tiempo que dure la investigación fiscal y la realización de la audiencia preliminar, podrán salir con vida de allí, no inventaran un día un supuesto suicidio, una riña o cualquier otra mentira como el supuesto enfrentamiento en el que murió el funcionario policial Eliezer Montilla? Entre las demás interrogantes que nos realizamos, existe ¿Por qué el director del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Portuguesa Juan Toro Castillo y Deivis Yépez jefe inmediato, entregaron a su subalterno en manos del CICPC, cuando ellos con facultades de órgano aprehensor pudieron encargarse de la custodia de él hasta el momento de la presentación?
A través de esta denuncia queremos hacer un llamado al Fiscal General de la República Tarek William Saab, al Defensor del Pueblo Alfredo José Ruiz Angulo, a la corte interamericana de los derechos humanos, a la defensora delegada del estado Portuguesa Raquel V. De Real, y al Fiscal del Ministerio Público en materia de Derechos Humanos de la sede Acarigua, a la revisión de este nuevo caso de abuso de poder y de violación de derechos humanos, abuso de poder de los organismos de seguridad nacional.
Denunciantes:
Carmen Castellanos de Barrios, C.I: 9.408.662 (Madre)
Arisbely Molina Orellana, C.I: 17.880.268 (Esposa)
Elizabeth Barrios Castellanos, C.I: 17.881.554 (Hermana)
