Homar Garcés
El sistema democrático representativo surgido del pacto interpartidista de Punto Fijo mantuvo entre la población venezolana -por espacio de cuarenta años ininterrumpidos, valga recordarlo- la ilusión de la democracia, de la igualdad y del progreso hasta que, en 1999, con la aprobación de una nueva Constitución y un nuevo gobierno, presidido por Hugo Rafael Chávez Frías, se comenzaron a producir los cambios institucionales que -desde los mismos estamentos dominantes puntofijistas- venían planteándose como fórmula para impedir el desgaste creciente y definitivo de las estructuras hasta esos momentos vigentes. Presionadas a adoptar las medidas de ajuste económico presentadas por el Fondo Monetario Internacional y a abandonar cualquier esbozo de políticas que supusiera el ejercicio de la soberanía del país ante las exigencias de los acreedores internacionales, las clases dominantes echaron por la borda la exigüa confianza que le tenían los sectores populares, lo que se manifiesta con su reacción violenta y espontánea en las calles el 27 de febrero de 1989 y que fue reprimida indiscriminadamente, a sangre y fuego, por las Fuerzas Armadas Nacionales; acusando a las principales organizaciones de la izquierda subversiva de alterar el orden establecido, lo que hizo revivir las aspiraciones derrotadas de muchos de los participantes en la guerra de guerrillas de los lejanos años sesenta y setenta.
Alrededor del mundo, como se ha hecho visible a través de la historia, las alternativas para una vida plena y sin exclusión de ningún tipo son constantemente frenadas y reprimidas por las cúpulas políticas y económicas hegemónicas, lo que provoca tumultos, sublevaciones y protestas populares de diversas intensidades. De todo esto han formado parte las grandes mayorías populares de Venezuela. Algunas veces sin disponer de un programa concreto de lucha, apelando al ideario republicano del Libertador Simón Bolívar, y en otras con un criterio justiciero simple que apunta al logro de sus reivindicaciones inmediatas. Entre el conjunto de acontecimientos que, en este sentido, marcaron la historia nacional destaca -por el periodo que abarca y su identidad ideológica- la guerra de guerrillas emprendida por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en contra del sistema democrático burgués representativo, el cual se regiría bajo los preceptos del pacto de Punto Fijo y la aprobación imperial de los gobiernos de Estados Unidos.
Una racionalización a posteriori, extraida de documentos, testimonios y reseñas periodísticas del momento, podría servir de base para lograr que este importante episodio de la historia contemporánea venezolana no se banalice, convirtiéndose nada más que en un anecdotario que escasamente nos permite indagar en las verdaderas razones que motivaron su surgimiento, su apogeo y su declive. En sus «Notas políticas», Alfredo Maneiro, quien fuera uno de los comandantes de las guerrillas en el oriente de Venezuela, acusa «la escasa discusión, la renuencia a desarrollar la lucha ideológica, la mezcla de desprecio y temor que la mayoría de los cuadros de la época sentíamos por la práctica teórica, los esquemas organizativos rígidos y sacralizados que, concebidos o no para eso, limitaban las búsquedas, confrontaciones, constataciones y ajustes insuperables de una elaboración política rica y creadora; todo esto ha venido acompañando en mayor o menor grado, pero siempre en alta medida, a los movimientos políticos venezolanos de cualquier signo. Pero este mal crónico que provoca esa referencia constante y ritual a ‘nuestro bajo nivel ideológico’, presente en todas las autocríticas, se mantuvo en un período y ante una situación compleja y exigente».  Lo que explica, en palabras de Maneiro, la «multiplicación de comandancias,  jefaturas, organizaciones y siglas» guerrilleras y que, más tarde, también se reflejará en el campo electoral, sin una unidad asentada en una ideología y una organización únicas de los partidos políticos conceptuados como izquierda. De ese modo, las situaciones insurreccionales que pudieron crearse y aprovecharse para la toma del poder estaban sujetas al subjetivismo, al sectarismo y al vanguardismo de muchos de aquellos que estaban comandando los frentes guerrilleros de entonces. Si esto ocurrió hace más de cincuenta años, mostrando una diversidad de criterios sobre unos mismos puntos, pero sin concluir en la adopción de una estrategia y de unas tácticas comunes (que fueran, además, efectivas) para proponerse la toma del poder, ¿cómo podrá concebirse la idea de que aquella diversidad de criterios tengan su concreción en lo hecho y pregonado por Hugo Chávez, aunque se esgrime que se trata de otra clase de socialismo?.
El idealismo ingenuo que alguna vez impulsara las acciones y las emociones de mucha gente revolucionaria en el pasado no puede enlazarse con la realidad política que caracteriza al mundo contemporáneo, donde las mismas concepciones de izquierda y derecha han sufrido alteraciones e interpretaciones profundas que desdibujan sus objetivos y sus resultados. Esto no ha sido obstáculo para que algunos combatientes de la guerrilla venezolana se sientan reivindicados e identificados con el proyecto de cambios revolucionarios fomentado desde su gobierno por Hugo Chávez Frías. Como Nancy Zambrano, guerrillera urbana de la Unidad Táctica de Combate Livia Gouverneur y ex presidenta de la Fundación Infocentro, para quien «la diferencia la hacía Chávez, eran reencuentros donde había renacido la esperanza, era sentir que se había vivido para algo, que valió la pena, a los caídos los veíamos sonreídos con nosotros, era todo distinto». Al hacer referencia al libro escrito por Nancy Zambrano, «Escritos de una combatiente de la guerrilla urbana en Caracas», el historiador y profesor de la Universidad de Los Andes Isaac López califica a estos combatientes de «capital simbólico y legitimador ideológico a la ‘Revolución Socialista’ que comenzó a ser el proyecto cívico-militar a partir de 2007»; en lo cual tiene razón aunque la nueva dirigencia chavista no lo perciba del mismo modo, evitándose la incomodidad de sentirse ligados a un pasado que desconocen ampliamente.
El hecho que al líder del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR -200) lo acompañaran Victor Hugo Morales, Juan Vicente Cabezas, Guillermo García Ponce, María León, Julio Escalona, Fernando Soto Rojas, Alí Rodríguez Araque, Diego Salazar,  Carlos Lanz Rodríguez, Clodovaldo Russian, Lino Martínez, Ángela Zago (quien se distanció de Chávez Frías por completo, luego de formar parte de su primer mandato), entre otros participantes de la lucha guerrillera de los años 60, 70 y 80, no podría ser prueba de que haya un nexo ideológico directo entre las propuestas de unos y otro. Hay, evidentemente, diferencias de distintos signos que pocos se atreven a señalar. En cambio, otros participantes de esta lucha insurreccional, como Teodoro Petkoff, Pompeyo Márquez y  Gabriel Puerta Aponte (sin ser los únicos), prefirieron confrontar al gobierno de Chávez desde una posición política indudablemente de derecha; lo que comprueba las acusaciones de que fueran objeto antes de abandonar la vía armada. Algo diferente a esa posición, pero coincidente con el enfrentamiento a Chávez, fue la asumida por Douglas Bravo y Francisco Prada, quienes hicieron público su señalamiento respecto a que el gobierno chavista era de corte neoliberal y constituía una burocracia corporizada autoritaria y nada socialista ni revolucionaria. Otro destino sufrieron Rogelio Castillo Gamarra (alias Tabanuco) y Alcedo Mora, desaparecidos aparentemente por los cuerpos de seguridad «bolivarianos», siendo casos emblemáticos en relación al modo como se entiende y se contiene la disidencia y la denuncia sobre hechos de corrupción. En medio de todos estos elementos, vale mencionar el Proyecto Dignidad, la primera propuesta de amnistía para combatientes revolucionarios de los años 60, 70, 80 y 90 e insurgentes militares de 1992, promulgada como ley por el presidente Hugo Chávez en 2000; no obstante, de vez en cuando se publica la noticia de la detención de algún combatiente, solicitado por los tribunales castrenses por el delito de rebelión militar, lo que representa una gran incongruencia, dada la prescripción de tal delito luego de más de tres décadas. Hay, por consiguiente, ciertas inconsistencias y contradicciones entre una y otra posición, realzadas por el hecho innegable de la existencia de un Estado aún liberal burgués que arropa y coopta toda expresión de poder popular, a pesar de la vigencia de algunas leyes importantes que realzan su organización y sus acciones autónomas. Éste sería, entonces, el factor sobre el cual incidiría la diferencia que existiría, fundamentalmente, entre el chavismo y la revolución arcádica que insurgió en Venezuela en la década de los sesenta del siglo pasado; una cuestión que, de hurgarse con un sentido crítico y autocrítico, objetivo, por demás, arrojaría conclusiones que asombrarán (y decepcionarán) a muchos.

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