Caracas, miércoles 18 de marzo de 2026.- El exdiputado a la Asamblea Nacional el ingeniero Elías Matta hizo un llamado urgente a reformar la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (LOSSE), vigente desde 2010, calificándola como el principal obstáculo legal que impide a Venezuela salir de la crisis eléctrica que afecta a millones de familias y paraliza la economía nacional.
“Venezuela tiene más de 18 años cayendo en la oscuridad. Los apagones no son un problema técnico ni climático: son la consecuencia directa de un modelo jurídico que excluye al sector privado, concentra todo el poder en una empresa estatal ineficiente y elimina los incentivos para invertir. Mientras no reformemos la ley, no habrá solución posible”, afirmó.
Matta recordó que la crisis eléctrica venezolana tiene una causa raíz jurídica que pocas veces se menciona con claridad: la LOSSE de 2010 y el Decreto-Ley N.º 5.330 del 31 de julio de 2007, dictado por Hugo Chávez bajo una Ley Habilitante sin debate parlamentario.
“Ese decreto nacionalizó de un plumazo a las nueve empresas eléctricas que operaban en el país, incluida La Electricidad de Caracas, que era referencia de calidad en toda la región. Lo que antes era la envidia de América Latina se convirtió, en menos de dos décadas, en un sistema que no puede garantizar siquiera cuatro horas continuas de servicio en varias regiones del país”.
Agregó que la LOSSE consolidó ese monopolio estatal en 2010, convirtiendo en ley permanente lo que había sido una decisión ejecutiva unilateral. Desde entonces, CORPOELEC opera como único generador, transmisor y distribuidor de electricidad en Venezuela, sin competencia, sin regulación independiente y sin una obligación efectiva de rendir cuentas a los ciudadanos.
“Antes de 2007 se contaba con una red eléctrica modelo en América Latina: nueve empresas activas, inversión sostenida, servicio confiable y participación de capital privado. Hoy, en 2026, el déficit de generación supera los 1.600 MW; existe un monopolio estatal sin inversión, apagones diarios y una infraestructura colapsada”.
Reformar la ley es cambiar la vida de los venezolanos
El ex parlamentario subrayó que la solución no pasa por más decretos de emergencia ni por culpar a terceros de los apagones. A su juicio, la única salida real es una reforma profunda de la LOSSE que abra el sector eléctrico a la inversión privada nacional e internacional, cree un ente regulador verdaderamente autónomo e independiente del Ejecutivo y establezca tarifas que reflejen los costos reales del servicio.
“Necesitamos que un empresario venezolano o extranjero pueda construir una planta de energía solar o una central termoeléctrica, conectarla al sistema nacional y vender electricidad de manera legal y rentable. Eso hoy es imposible porque la ley lo prohíbe expresamente. Cambiar eso no es ideología: es sentido común y urgencia nacional”.
Matta precisó que la reforma no implica privatizar las redes de transmisión ni abandonar el principio del servicio público universal. Se trata, explicó, de separar las funciones del Estado: que el Ejecutivo defina políticas, que un regulador independiente garantice las reglas del juego y que tanto empresas públicas como privadas compitan para generar electricidad de la manera más eficiente y confiable posible.
Reformas urgentes a la LOSSE
Como ingeniero y ex legislador, Matta propone cinco cambios concretos al marco jurídico vigente:
- Eliminar el monopolio de generación de CORPOELEC y crear un régimen de licencias que permita a empresas privadas generar y vender electricidad al sistema nacional.
- Crear una Comisión Nacional de Energía Eléctrica autónoma e independiente del Ministerio, con directores designados por concurso técnico y mandatos fijos.
- Reformar el régimen tarifario para que las tarifas reflejen los costos reales, con subsidios focalizados en hogares de bajos ingresos.
- Establecer un régimen especial para energías renovables (solar y eólica) y generación distribuida, con incentivos fiscales que atraigan inversión rápida.
- Obligar a CORPOELEC a publicar estadísticas de fallas, someterse a auditorías externas y compensar económicamente a los usuarios por apagones injustificados.
Costo de no actuar
Matta advirtió que no reformar la ley implica prolongar la parálisis económica y el deterioro de la calidad de vida. Señaló que los apagones de hasta 12 horas diarias en estados como Zulia, Mérida y Táchira no solo afectan la vida cotidiana de las familias, sino que también destruyen negocios, inutilizan equipos médicos, interrumpen la educación y ahuyentan la inversión productiva.
“Venezuela pierde millones de dólares diarios en productividad por culpa de un sistema eléctrico que opera al borde del colapso. El país no puede esperar otro ciclo político para abordar este problema”.
Asimismo, indicó que buena parte de la infraestructura eléctrica tiene más de 60 años de antigüedad. Su recuperación requiere una inversión estimada en 20.000 millones de dólares, una cifra que el Estado venezolano no puede asumir por sí solo.
“El capital privado, nacional e internacional, es la única fuente realista de financiamiento para ese rescate. Pero ese capital no vendrá mientras la ley lo mantenga fuera. Le habló directamente a cada venezolano que llega a su casa y no tiene luz para darle de comer a sus hijos, para que hagan las tareas o para conservar sus medicamentos. Ustedes merecen un sistema eléctrico que funcione. Y eso solo será posible cuando tengamos el coraje de cambiar una ley que hoy protege el fracaso en lugar de garantizar el servicio”.
Un cambio posible
Para concluir, Matta citó los casos de Colombia, Chile y Brasil como ejemplos de que la apertura del sector eléctrico a la inversión privada, con una regulación adecuada, produce resultados concretos: mayor confiabilidad, menores costos y expansión de la cobertura.
“Colombia, con un modelo de mercado eléctrico abierto desde 1994, mantiene índices de cobertura superiores al 97% y ha logrado integrar con éxito generación privada renovable y termoeléctrica. Venezuela tiene los recursos naturales, el talento humano y la necesidad. Lo que falta es el marco legal correcto”.