La señora Rosa Carrizalez Villegas, junto a su pequeña hija de 5 años, fue desalojada de manera violenta de una vivienda que custodiaba en el sector Villas del Pilar, en un hecho que ha sido denunciado ante múltiples organismos de seguridad sin obtener respuesta alguna.
Los hechos se remontan a hace un año y medio, cuando la Sra. Carrizalez, por amistad con la propietaria Alianna Fernández quien se encontraba fuera del país (España), accedió a cuidar de la casa. Recientemente, funcionarios de BANAVIH se presentaron en el inmueble y, ante la ausencia de la dueña, le ofrecieron a la Sra. Carrizalez la asignación de la vivienda, propuesta que ella rechazó por considerar que era incorrecta.
Posteriormente, el rumor de esta oferta llegó al consejo comunal de la zona. Días después, un grupo de personas, presuntamente allegadas a este consejo comunal, llegó al lugar para ejecutar el desalojo. La Sra. Carrizalez relata que la acción se llevó a cabo con violencia extrema: “No solo me forzaron a salir, sino que agredieron físicamente a mi hija de cinco años y a mí. Fue una experiencia traumática para ambas”, declaró.
Inacción de las Autoridades
La denuncia central de la afectada radica en la absoluta inoperancia de los organismos competentes. La Sra. Carrizalez ha acudido de manera insistente al CICPC y al Ministerio Público para formalizar la denuncia por allanamiento, desalojo forzoso y lesiones personales. Sin embargo, se ha topado con un muro de indiferencia.
“En todas partes me cierran las puertas. Los funcionarios se limitan a decirme que ‘deje eso así’, que ‘allá no tengo nada que buscar’ y se niegan a tomar mi declaración o iniciar una investigación”, denuncia Carrizalez. Esta actitud ha dejado a la familia en un estado de total desprotección e indefensión.
Buscan Justicia y Protección
La familia de la Sra. Carrizalez exige que las autoridades competentes, comenzando con el Fiscal General de la República, actúen de oficio para investigar y sancionar a los responsables del desalojo violento y las agresiones. Además investigar la presunta irregularidad en el procedimiento de BANAVIH y la actuación del consejo comunal. Así mismo, pide garantizar su integridad física y sus derechos humanos y su pequeña hija.
La Sra. Carrizalez y su familia hacen un llamado a los medios de comunicación y a las organizaciones de defensa de los DDHH para que visibilicen este caso y se haga justicia.
