QUITO. – El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó estado de excepción por 60 días en siete provincias del país, en respuesta a las masivas protestas y bloqueos viales generados tras la eliminación del subsidio al diésel, que elevó el precio del combustible de 1.80 a 2.80 dólares por galón. La medida, establecida mediante el Decreto Ejecutivo 134, rige para las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas .
El gobierno justificó la decisión bajo la causal de «grave conmoción interna», argumentando que las protestas han alterado el orden público, generado actos de violencia y afectado derechos fundamentales como la libre circulación y las actividades económicas .
El estado de excepción contempla:
La suspensión del derecho a la libertad de reunión en espacios públicos, aunque se aclara que se permite la protesta pacífica que no afecte a terceros.
La movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para despejar vías, prevenir actos violentos y proteger a la ciudadanía.
La vigencia por 60 días, con posibilidad de levantamiento anticipado si se restablece la normalidad .
Las manifestaciones, impulsadas principalmente por transportistas, organizaciones indígenas y sindicatos, han incluido bloqueos de carreteras en varias provincias, interrumpiendo el transporte de alimentos y mercancías, enfrentamientos con la policía, que ha utilizado gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Además, el rechazo de sectores sociales por el impacto económico de la medida, que encarece el transporte y podría elevar el costo de la canasta básica .
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), actor clave en protestas anteriores, advirtió con «activar todos sus mecanismos organizativos» en contra de la eliminación del subsidio .
Para mitigar el impacto de la medida, el gobierno implementó compensaciones económicas, incluyendo un Bono RAÍCES de 1,000 dólares para aproximadamente 70,000 productores agrícolas. De igual forma, incentivos mensuales que van desde 450 hasta 1,000 dólares para más de 23,000 transportistas .
Pese a estas compensaciones, críticos como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, calificaron la eliminación del subsidio como un golpe a las familias más vulnerables .
La crisis revive el recuerdo del estallido social de 2019, cuando protestas masivas forzaron al entonces presidente Lenín Moreno a revertir la eliminación de subsidios a los combustibles. Analistas señalan que el presidente Noboa enfrenta un alto costo político y el riesgo de una escalada de la violencia si no se logra abrir un canal de diálogo con los sectores movilizados .