Jueces Generales Retirados de EEUU Denuncian Posibles Crímenes de Guerra

El «Grupo de Trabajo» exige una investigación del Congreso por la presunta orden de “matar a todo el mundo” a bordo de un buque civil en septiembre de 2025.

El Grupo de Trabajo de Jueces Generales Retirados de los Estados Unidos emitió una declaración urgente tras conocerse informes del Washington Post y CNN, los cuales señalan que el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó personalmente «matar a todo el mundo» a bordo de un buque civil sospechoso de narcotráfico el pasado 2 de septiembre de 2025. En este sentido, la declaración del Grupo de Trabajo sostiene de manera unánime que, si las órdenes y su ejecución son ciertas, se estaría ante un caso que constituye crímenes de guerra, asesinato o ambas cosas. La preocupación central del grupo se enfoca en el ataque deliberado a supervivientes.

El informe detallado indica que, tras el ataque inicial que destruyó el buque con 11 civiles a bordo, el comandante de la operación ordenó un segundo ataque para matar a dos supervivientes que se aferraban a los restos de la embarcación. Según el análisis legal del Grupo de Trabajo, el derecho internacional y la ley estadounidense prohíben explícitamente atacar intencionalmente a personas que han quedado «fuera de combate». El derecho internacional humanitario exige un trato humano a las personas neutralizadas y prohíbe específicamente la violencia contra la vida, incluidos los asesinatos de todo tipo, tal como lo establece el Artículo 3 Común de los Convenios de Ginebra.

Por otra parte, la Cuarta Convención de La Haya de 1907 prohíbe explícitamente la declaración de que «no se dará cuartel». Los jueces generales sostienen que, independientemente de que la operación sea catalogada como un «conflicto armado no internacional» o una operación de aplicación de la ley, las órdenes de «no dar cuartel» y de «disparar dos veces» a los náufragos son claramente ilegales. De hecho, si la operación no es un conflicto armado, estas órdenes someten a todos los implicados, desde el Secretario de Guerra hasta el soldado que ejecutó la acción, a ser procesados por asesinato según el Título 18 del Código de los Estados Unidos. Además, el derecho internacional marítimo obliga a las fuerzas estadounidenses a rescatar a los náufragos o supervivientes, prohibiendo terminantemente matarlos.

Como respuesta a la situación, el Grupo de Trabajo, una coalición de Abogados de alto rango militar retirados formada para defender el Estado de Derecho en las operaciones militares, ha hecho un llamamiento inmediato al Congreso de los Estados Unidos. Específicamente, exigen que se inicie una investigación completa e inmediata sobre la impartición y ejecución de estas órdenes. El grupo alerta al pueblo estadounidense para que se oponga a cualquier uso de las fuerzas armadas que implique apuntar intencionadamente a cualquier persona «fuera de combate», concluyendo que cualquier persona que emita o siga órdenes de matar a supervivientes de un ataque en el mar debe ser procesada por crímenes de guerra o por asesinato.