La democracia -comprendida en un amplio y profundo sentido- significa una manera de actuar y de ser de lo político del pueblo (organizado y consciente) que se expresa de una forma constante a través del tiempo bajo el signo de la no-dominación. En ella se halla implícito el derecho a la insurrección cuando se lesiona o usurpa la soberanía popular, lo que los sectores gobernantes suelen reprimir invocando, paradójicamente, la defensa de la democracia y de la soberanía popular. Lo que, en resumidas cuentas, debiera conducir al establecimiento de lo que podrá llamarse (para escándalo de algunos) un comunismo sin jerarquías gubernamentales. Superar la oposición entre la democracia (entendida como autoinstitución democrática de lo social) y el Estado político (o formalismo del Estado moderno) es parte de la contienda que está caracterizando la realidad del siglo 21. Esto ha dado pie para pensar que la democracia -tal como se le conoce- está viviendo una etapa más turbulenta que aquellas que dieron origen al fascismo y al nazismo cuando se creyó que solo bastaba la autoridad de un hombre carismático y un partido de masas único para solventar todos los problemas políticos, sociales y económicos sufridos.

La democracia debe asentarse -para un mejor funcionamiento y estabilidad- sobre bases sociales organizadas, no únicamente en el hecho de realizarse elecciones autorizadas periódicas donde se postulen y sean electos solo candidatos afines o no a los grupos partidistas que usufructúan el poder en una acción repetida innumerables veces, al margen de las demandas y las reivindicaciones de los sectores populares que son la mayoría del país. Esto exige la existencia de organizaciones políticas y sociales (incluso, al margen de las contiendas electorales) capaces de engendrar utopías y perspectivas de futuro pluralistas que puedan concretarse a corto y mediano plazo sin que sean coartadas por el burocratismo en favor de una línea oficialista y no, como debiera serlo, en favor de una verdadera ampliación y profundización de la concepción y la práctica de la democracia. Todo ello deberá someterse a un amplio ejercicio de reflexión y autocrítica que permita determinar cuáles son los errores cometidos y cuáles podrían ser las alternativas que le serían presentadas a los sectores populares a fin de incluirlos, como protagonistas, en una innovadora propuesta de transformación estructural.

La expansión de las libertades, contenidas en los reclamos de los diversos movimientos sociales que entran en confrontación con el Estado burgués liberal y el capitalismo, representa la certeza respecto a que sí es posible lograr la transformación de la realidad a través de una revolución democratizadora de vasto alcance. El uso de la fuerza bruta ya no es un método suficientemente efectivo para reprimir tales reclamos como tampoco esperar que, desde algún cuartel, insurja (autoproclamándose “salvador de la patria”) un militar dotado de magnetismo, de buenas intenciones democráticas, para cambiar positivamente las cosas. Las reiteradas protestas y movilizaciones populares que tienen lugar en varios continentes demuestran suficientemente el poder que éstas poseen frente a los sectores hegemónicos, lo que debiera estar acompañado por un programa de acción común que permita crear, como efecto directo del mismo, un núcleo revolucionario de alcance nacional y, si fuera factible, global.

Ciertamente, los hombres y las mujeres actuales vivimos en sociedades multiculturales que exigen explicaciones y demandas mayores a las que pudieron producirse en el pasado, incluso hace treinta o cincuenta años; por lo que la búsqueda de un modo de estabilidad de la sociedad se hace más complicado y requiere la participación de todos, independientemente de cuál sea el rango o la condición de cada individuo. En este sentido, la tarea de unificar y reconciliar lo múltiple requiere de un conjunto consensuado de ideas rectoras concretas que permitan un mayor y efectivo ejercicio de la democracia, sin menoscabo de la individualidad ni de la autonomía de los factores que se comprometan a su logro. Todo ello impone trascender (aunque parezca utópico, o utopista, en su acepción negativa o peyorativa) la racionalidad burguesa que ha regido la historia, por lo menos, la que ha tenido lugar en los últimos doscientos años.

Un simple cambio en las relaciones de producción no significa que, de una u otra manera automática e inexorable, se produzca, simultáneamente, una conciencia socialista, con todo el significado revolucionario que esta supone. No basta tampoco que se proclame el carácter socialista y/o revolucionario de un gobierno o de un conjunto de leyes, si ello no está respaldado por la acción creadora, decidida y emancipatoria de un pueblo debidamente organizado y provisto de una conciencia igualmente socialista y/o revolucionaria. La malhadada experiencia histórica de la Unión Soviética -con sus aciertos y sus errores- representa el mejor ejemplo de tal aseveración. Al convertirse el pueblo en sujeto protagónico de su propia historia sería, entonces, el principio del fin del sistema político, económico, social y cultural que, hasta ahora, ha sido frecuentemente postergado y distorsionado por las clases y los estamentos dominantes. Tres cosas serían fundamentales, en un primer momento, para que el protagonismo popular tenga un firme asidero: Una base material o desarrollo de las fuerzas productivas a través de mecanismos alejados o suficientemente diferenciados de la lógica capitalista, ejerciendo un dominio consciente de la actividad productiva; dos, un nuevo tipo de educación que fomente el espíritu de comunidad y una ética que refuerce la práctica y la profundización de la democracia participativa; y tres, inéditas e independientes formas de organización no burocráticas. Todo esto deberá repercutir en la conformación de una diversidad integrada y, en consecuencia, a un mayor desarrollo de lo que entendemos por democracia.

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