Los Concejales que integran la “Fracción de la Dignidad” del Concejo Municipal de Ospino Madeleyne Zamora y Derwing Torres militantes de Copei y Primero Justicia respectivamente han presentado dos proyectos de acuerdo de fecha 17 y 24 de Enero en apoyo a los reclamos salariales que vienen haciendo los docentes en protestas de calle y se sumaron a la exigencia de sueldos justos que garanticen su calidad de vida y la de sus núcleos familiares.

Asimismo, exigieron a las autoridades del Ministerio de Educación, a través de la Zona Educativa Regional; y a los funcionarios de la Gobernación de Portuguesa, a que respeten a los docentes y garanticen la estabilidad laboral de quienes, con razón, vienen ejerciendo su derecho constitucional a la protesta.

De acuerdo con lo dicho por el edil de Ospino Derwing Torres, todos los Ospineros deben apoyar la lucha “por las justas y merecidas reivindicaciones laborales y salariales de los educadores” e indicó que el Concejo Municipal de Ospino respalda institucionalmente la lucha de los docentes mediante el acuerdo presentado y aprobado por la mayoría absoluta de la cámara para honrar a quienes con mística, responsabilidad y sacrificio, hoy ejercen la docencia en la jurisdicción.

En este sentido, los concejales Torres y Zamora exigieron al Ejecutivo Nacional y al patrono regional “implementar mecanismos que permitan la inmediata y continua actualización del salario de los educadores, estableciendo montos que permitan la dignificación de la labor docente y que los educadores activos, así como los jubilados y pensionados, puedan cubrir sus necesidades materiales propias y las de sus familias”, para que puedan seguir cumpliendo con tan noble labor.

Según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), la canasta alimentaria ronda los 400 dólares o 8.520 bolívares, calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Mientras que el salario de un docente ronda los 400 bolívares mensuales, monto que ha disminuido tras la aplicación del Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), cuya derogatoria también están exigiendo los maestros y profesores universitarios al Ejecutivo Nacional.

Todas estas exigencias vienen siendo planteadas por los sindicatos del magisterio y federaciones de profesores universitarios, desde hace por lo menos dos años. Sin embargo, hasta la fecha, el régimen de Nicolás Maduro se ha hecho el sordo y ha pretendido callar la válida protesta, aprobando bonos que no superan los 600 bolívares mensuales.

Muchos de ellos ni siquiera devengan lo suficiente para cubrir el costo del transporte público, imposibilitando su traslado hacia sus puestos de trabajo.

Los concejales de la dignidad exigen al régimen nacional, respeto y pronta respuesta a los justos reclamos realizados por los docentes. No pueden ni deben quienes ocupan el poder, dar la espalda a los docentes. Porque hablar de educación, es hablar del futuro de Venezuela: sus niñas, niños y adolescentes.

Y nuestro ordenamiento jurídico consagra el precepto y el principio del interés superior del niño en el artículo 78 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela; en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño; y en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Finalmente se conoció desde la cámara municipal que para este año 2023 por segundo año consecutivo la Presidencia del cuerpo legislativo recae sobre la representación del partido Acción Democrática, así las comisiones permanentes estarán encabezadas de la siguiente manera: Comisión de Ejidos Municipales y Comisión de Desarrollo Social, Educación Cultura y Deporte por los concejales de la Fracción de la Dignidad (Copei/PJ), Comisión de Legislación, Comisión de Servicios Públicos y Comisión de Contraloría y Finanzas por la fracción de concejales AD/UNT, la Comisión de Economía popular y la Comisión de Ambiente por los concejales del Psuv.

 

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