Homar Garcés

Al igual que lo logrado en otros países donde tuvieron luz las llamadas revoluciones de colores, los representantes de la ultraderecha en Venezuela aspiran conseguir la desafección democrática entre la población y causar una crisis de representatividad política que termine, como lo aspiran frenéticamente, con el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, la situación interna del país, a pesar de todos los contratiempos generados por las diversas medidas adoptadas por los gobiernos de Estados Unidos y sus Estados subalternizados de Europa y América latina (a lo cual se suma Brasil con su veto al ingreso de Venezuela al grupo de los Brics, avalando, en cierta forma, las más de 900 medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el imperialismo gringo), se encamina más a la resolución de los problemas del día a día, tratando de impulsar con resolución la recuperación de la economía nacional. Esto, de alguna forma, lo han venido entendiendo muchos empresarios que han sentido el impacto negativo de lo que otrora habían respaldado al creer inminente la caída del chavismo y, con él, tener la oportunidad apetecida de incorporarse de lleno al mercado mundial, sin restricciones de ningún tipo, y así obtener una cuantía mayor de dividendos. Esta situación interna, no obstante, es ignorada olímpicamente en los variados medios de información internacionales, sobre todo a través de las llamadas redes sociales, destacando el caos inmenso que, supuestamente, estaría padeciendo la población venezolana en general, sin indagar nada respecto a cuáles han sido sus detonantes y el papel cumplido por los representantes de la ultraderecha para fomentarlo. Esto, en síntesis, a pesar de la amargura presente en muchos hogares venezolanos, nos da cuenta del nuevo fracaso autoinfligido de la ultraderecha, repetido con muy pocas variantes a lo largo de dos décadas consecutivas.

Por eso, cuestiones como las frecuentes interrupciones de energía eléctrica, la corrupción administrativa detectada en altos niveles de gobierno, la dolarización de la economía y el limitado poder de compra de los trabajadores y la merma de sus derechos laborales, entre otras no menos importantes, deben ser materias de atención prioritaria del gobierno y de la dirigencia chavista, de manera que sean completamente resueltos y así reemprender los planes que ubicarían a Venezuela en una mejor posición geopolítica, desarrollando todas sus potencialidades, pero sin que sea fortuito el sacrificio de las conquistas sociales, culturales y políticas que han convertido a los sectores populares en el sujeto histórico del cambio estructural que se viene impulsando desde 1999. Siendo optimistas, ello podrá ser una realidad palpable si hay la suficiente voluntad política en todos los estamentos gubernamentales para llevar a cabo todo lo proyectado en el Plan de las 7 Transformaciones presentado a la nación por el presidente Nicolás Maduro a comienzos de 2024, ya que sus objetivos implican un completo proceso refundacional, articulado con la Constitución y el Plan de la Patria diseñado inicialmente por el presidente Hugo Chávez Frías.

Esto significa que el poder popular, como se halla plasmado en el Plan de la Patria, sería en lo adelante el «actor protagónico del proceso de planificación y gobierno, formulación, ejecución y contraloría del sistema de planes a los distintos niveles, en una dinámica continua de planificación acción»; creando, en consecuencia, las condiciones propicias para que exista un modelo de democracia directa y consensual, al mismo tiempo que ayude a «consolidar la diversificación económica de cara a un nuevo modelo exportador”, en el contexto de la nueva geoeconomía mundial suscitada por la creciente influencia de las economías de China y Rusia, principalmente, en el sistema capitalista global. Para que todos sus objetivos sean exitosamente alcanzados es preciso que se produzca, simultáneamente, una amplia transformación de la conciencia de los venezolanos, con una profundización de lo que representa el rescate y la vigencia de la memoria histórica de la diversidad de luchas emprendidas por el pueblo, desde la instauración del colonialismo español en estas tierras hasta el día de hoy, logrando conjugar los valores morales, socialistas, ciudadanos y patrióticos que deben caracterizar a los nuevos sujetos de esta etapa de construcción política, económica, social y cultural de Venezuela. Habrá que hacer todo eso enfrentando a quienes, dentro y fuera de nuestras fronteras, se oponen a su puesta en marcha, dado que comprenden que sería algo irreversible si no se le refrena cuanto antes, obstaculizando su consolidación.

Para el chavismo, ésta es la oportunidad, otra, impostergable, de enmendar viejos errores y de atender los llamados hechos desde las bases, exigiendo el cumplimiento y el respeto de los cambios revolucionarios contemplados en la Constitución y demás documentos políticos, gestados mayormente durante la presidencia de Hugo Chávez Frías y, ahora, relanzados por el presidente Maduro. Ya no es únicamente conservar y copar todas las instancias del poder constituido como garantía y sustento legal de la revolución bolivariana. Tiene que haber un verdadero compromiso revolucionario para extirpar las viejas conductas y prácticas del Estado burgués liberal que desentonan con los reclamos y las iniciativas de democracia directa de los sectores populares revolucionarios organizados. El complemento de tales reclamos e iniciativas tendría que ser, entonces, la debida comprensión de que, para derrotar al imperialismo gringo y a sus secuaces locales, se requiere ahondar las condiciones que le otorguen un verdadero protagonismo a los sectores populares, no solamente en la toma de decisiones sino, muy especialmente, en la deconstrucción del Estado burgués liberal y del sistema capitalista como pilares de la ideología neocolonial y/o eurocentrista de los sectores tradicionalmente dominantes.