¿Para qué (o de qué) sirve el derecho internacional?

Finalmente, ocurrió lo que Donald Trump anticipó durante semanas: el ataque militar a instalaciones civiles y militares y el secuestro del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses. Con estas acciones, Estados Unidos ha dado al traste con todo lo que -hasta ahora- se consideraba el respeto al derecho internacional, a pesar de los habituales escarceos y enfrentamientos entre algunas naciones; lo que constituye un grave precedente para la preservación de la paz internacional y del derecho a la autodeterminación de nuestros pueblos. Esto también representa un duro golpe a la Organización de las Naciones Unidas que debiera ser garante de este derecho internacional, tal como lo establece su carta fundacional. Pero, además, es una acción abiertamente imperialista y supremacista que nos hace retroceder a etapas históricas aparentemente superadas. Es la confirmación más cruda de cómo el imperialismo yanqui ve al conjunto de naciones que integran Nuestra América/Abya Yala/Améfrica Ladina: como su propiedad o patio trasero y, por consiguiente, como su fuente de recursos y mercados, de forma exclusiva.

Desde la mirada de Washington, el nuevo orden global estaría, en lo adelante, totalmente supeditado a los intereses y a la concepción geopolítica que maneje Estados Unidos. Y con un mayor énfasis en lo que respecta al territorio de Nuestra América/Abya Yala/Améfrica Ladina. En un mundo cuya tendencia general es ser multipolar y multicéntrico la posición asumida por el imperialismo yanqui, con su Estrategia de Seguridad Nacional, es una amenaza que no se puede ignorar o tomar a la ligera, dadas las graves implicaciones que ello tendrá para la paz y el derecho internacional. El uso de las armas, las amenazas, las extorsiones, el chantaje, la agresión, la invasión de forma cínica y directa estarían en el orden del día sin más justificación que la esgrimida por el ocupante de la Casa Blanca, convertido por su obra y gracia en el único decididor y en el gendarme de todo lo que se halla sobre la Tierra. En su análisis «América latina y la caída del imperio», Natalia Sierra Freire explica: «La nueva Estrategia de Seguridad Nacional es la apertura a una política exterior al margen de las estructuras y acuerdos internacionales, ejecutada por un gobierno compuesto por una fracción de la élite económica y política que adopta comportamientos delincuenciales, parasitarios, especulativos y depredadores. Procedimientos que van a acelerar la descomposición social del capitalismo del hemisferio occidental, principalmente de Estados Unidos y con mayor afectación de América Latina. La intención de recomponer su base industrial, fortalecer el sector energético científico y tecnológico se lo hará sacrificando a los países de Latinoamérica a cualquier costo. Si tienen que trasladar la guerra a su hemisferio lo harán». En resumidas cuentas, todo esto constituye una ruptura del marco jurídico internacional tradicionalmente aceptado por todos los países del globo terráqueo; constituyendo una grave amenaza a la estabilidad y a la independencia de aquellos países cuyos gobiernos se han atrevido a insubordinarse frente a los dictados de Washington.

También Carlos Fazio, en su artículo «El pirata Trump, su «corolario» a la Doctrina Monroe recargada y el robo a Venezuela»,  al referirse a la recién promulgada Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de Estados Unidos, establece que «desde el punto de vista del documento, Venezuela es un precedente no funcional para los intereses del imperialismo estadounidense: demuestra que es posible sostener una política exterior autónoma y soberana, aun bajo políticas de presión y asedio coercitivos prolongados. Junto a las sanciones económicas, comerciales y financieras; el cerco militar aeronaval en el Caribe; las operaciones clandestinas de la CIA al interior de Venezuela, y la guerra cognitiva con énfasis en la propaganda y las noticias falsas (fake news), la administración Trump busca un cambio de régimen, pero también tiene la intención de invalidar el modelo socialista bolivariano en construcción. En definitiva, se trata de mostrar que ningún país puede sostenerse fuera del “orden” de la soberanía selectiva. (…) Lo expuesto permite colegir que en la era Trump, la Casa Blanca está anunciando la reconquista de un espacio que asume suyo por derecho propio, sin dejar ninguna área estratégica de lado. Sin embargo, mientras Venezuela siga siendo un actor no funcional −pero persistente−, el Corolario Trump tendrá un punto ciego. Y mientras ese punto ciego exista, el subcontinente americano no será plenamente “estable” en los términos de la ESN. La estrategia estadounidense apuesta a que el futuro se construye con EU o, simplemente, no hay futuro. A contrapelo, y al igual que Cuba, Venezuela apuesta a que el futuro se construye con soberanía plena y participación popular organizada. Y en ese sentido, la nueva ESN oficializa las medidas que ya viene tomando desde hace unos meses con la militarización del Caribe».

Con Donald Trump, Estados Unidos estaría iniciando -bajo una ficticia guerra antidrogas- una guerra de carácter racial y global, cuya expresión más clara es el genocidio del pueblo de Palestina (con epicentro en la devastada Gaza). Es la expresión del supremacismo en un grado que excede la lógica y los parámetros tradicionalmente aceptados en cuanto a lo que es el derecho internacional, violando todo el estatuto de la Organización de las Naciones Unidas; incluso haciendo uso de su derecho a veto en aquellas resoluciones del Consejo de Seguridad que se refieran, o involucren, a Estados Unidos o su par genocida de Israel. Confiando en su poder militar y económico, Estados Unidos -previendo su declive como potencia hegemónica a nivel global- se atreve a llevar a cabo un acto de reafirmación colonial sobre Venezuela y, por consiguiente, sobre el resto de Nuestra América/Abya Yala/Améfrica Ladina; seguros de lograr sus propósitos de vasallaje total, a tal punto que ninguno de nuestros gobiernos podría ejercer su soberanía sin la aprobación previa de quien ocupe la Casa Blanca, coartando el derecho a la autodeterminación y a la independencia, así como la libre asociación económica con otras naciones. De imponerse este criterio imperialista habrá que preguntar: ¿Para qué (o de qué) sirve el derecho internacional?. La respuesta está en que este ya no puede, ni debe, basarse en el papel autoasignado por las grandes potencias que emergieron tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, manteniendo una visión colonialista respecto a la existencia de las demás naciones que, en apariencia, tendrían las mismas prerrogativas que aquellas. Esto, en medio del surgimiento de un nuevo orden mundial, multicéntrico y multipolar, sería un contraste ilógico, dado que permite que existan conflictos nacionales e internacionales que podrían evitarse si hubiera una democracia en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y un estricto apego a sus resoluciones periódicas.

En medio de ésto, parte de la gran tarea a asumir es evitar igualmente que discursos colectivos lleguen a normalizar desigualdades y refuercen un sistema económico que excluye, estructuralmente hablando, a millares de personas alrededor del planeta; en especial, a aquellas que se encuentran en el Sur global, víctimas del saqueo ancestral de sus recursos naturales por parte de Europa y de la explotación inmisericorde de sus trabajadores, incluyendo a quienes fueran secuestrados de su África natal y convertidos en esclavizados, sumiéndolos en un eternizado subdesarrollo y un capitalismo dependiente e incompetente. La actitud estadounidense y europea, imponiendo sus puntos de vista e intereses, no contribuye en nada para que la humanidad viva una paz, una solidaridad y una democracia permanentes y verdaderas. Eso lo comprueba la historia de los dos últimos siglos; por consiguiente, Europa (la Unión Europea) es corresponsable de las acciones imperialistas llevadas a cabo por el gobierno de Estados Unidos (igual cosa se puede decir de algunos gobiernos cipayos de nuestro continente), lo que representa un quiebre absoluto de las relaciones internacionales y la apertura de una nueva conflagración mundial, dada la heterogeneidad de intereses que están en juego, si no son frenadas las intenciones de Estados Unidos de imponer sus criterios al resto del mundo, tal como lo viene anunciando desde el inicio de la administración Trump.