El estado Portuguesa, conocido como el «granero de Venezuela», enfrenta una serie de desafíos críticos en su sector agrícola, particularmente en el contexto de la transición del ciclo norte-verano al ciclo invierno 2025. Este período es crucial para la producción de cereales, especialmente maíz y arroz, cultivos que son fundamentales para la seguridad alimentaria del país. Sin embargo, las condiciones actuales del sector agrícola en #Portuguesa presentan obstáculos significativos que podrían limitar el éxito de este ciclo productivo.
Uno de los principales desafíos es la falta de financiamiento adecuado para los pequeños y medianos productores. Estos agricultores, que son la columna vertebral del sector agrícola en Portuguesa, enfrentan dificultades para acceder a créditos y recursos financieros que les permitan cubrir los costos de insumos, maquinaria y mano de obra. La banca pública y privada no ha respondido de manera eficiente a las necesidades del sector, lo que limita la capacidad de los productores para invertir en tecnologías y prácticas agrícolas modernas que podrían aumentar la productividad.
El suministro de diésel, esencial para la operación de maquinaria agrícola y el transporte de insumos y productos, sigue siendo un problema persistente. La irregularidad en la distribución de combustible afecta directamente la capacidad de los agricultores para preparar los suelos, sembrar y cosechar en los tiempos adecuados. Esta situación se agrava por la dependencia de un sistema centralizado de distribución que no ha logrado garantizar un flujo constante y eficiente de diésel a las zonas rurales.
La infraestructura vial en Portuguesa, especialmente las vías de penetración agrícola, se encuentra en un estado de deterioro avanzado. Esto dificulta el transporte de insumos hacia las zonas de producción y la movilización de los productos agrícolas hacia los centros de acopio y mercados. Las malas condiciones de las carreteras aumentan los costos de transporte y generan pérdidas post-cosecha, lo que reduce la rentabilidad de los productores y desincentiva la inversión en el sector.
Las políticas agrícolas actuales no protegen adecuadamente a los pequeños y medianos productores. En particular, los precios de los cereales como el maíz y el arroz están sujetos a controles y regulaciones que no reflejan los costos reales de producción. Esto beneficia principalmente a la agroindustria, que tiene mayor capacidad de negociación y acceso a mercados internacionales, en detrimento de los pequeños parceleros. La falta de políticas que garanticen precios justos y estables desincentiva la producción y limita la capacidad de los agricultores para planificar y expandir sus operaciones.
En el ciclo invierno 2025, se aspira a incrementar la producción de maíz y arroz, cultivos estratégicos para la seguridad alimentaria. Sin embargo, los desafíos mencionados podrían limitar significativamente el alcance de estos objetivos. La combinación de financiamiento insuficiente, problemas de suministro de diésel y deficiencias en la infraestructura vial podría resultar en una reducción de la superficie sembrada y en menores rendimientos por hectárea. Además, la falta de políticas que protejan los precios de la materia prima podría llevar a una situación en la que los productores no puedan cubrir sus costos, lo que generaría pérdidas y desincentivos para futuras inversiones.
