La Sala Penal del máximo tribunal confirmó la sentencia por traición a la patria contra los efectivos que facilitaron el robo de más de 2.7 millones de municiones y centenares de fusiles de la Base Aérea de Maracay.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la condena de 30 años de prisión impuesta a tres militares por los delitos de traición a la patria, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada y contra el decoro militar. Los sargentos Yoan Manuel González Gavidia, Héctor Luis Armas Saldivia y el soldado Pedro Enrique Arreaza Uray permanecerán recluidos tras agotar el último recurso legal disponible.
Los hechos se remontan a octubre de 2021, cuando fue descubierto un faltante masivo de armamento en la Base Aérea Mariscal Sucre en Maracay, estado Aragua. La investigación demostró que los efectivos permitían el ingreso de bandas delictivas para sustraer municiones y explosivos, recibiendo pagos a cambio de su complicidad. Según la sentencia 678 de la Sala Penal, «integrantes de bandas delictivas accedían a las instalaciones con la finalidad de sustraer armas, municiones y material de guerra».
El desfalco fue detectado el 4 de octubre de 2021 durante un procedimiento especial que reveló la desaparición de 2.7 millones de municiones, 553 fusiles AK-103 y M-63, y «una cantidad considerable de material explosivo». La mayoría de las municiones estaban destinadas al sistema de fusil AK-103, elemento fundamental del arsenal militar venezolano.
El proceso judicial se inició ante el Tribunal Militar 6° de Control de Valencia, culminando con juicio entre mayo y agosto de 2023 donde fueron declarados culpables. La Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar confirmó el fallo el 13 de marzo pasado, decisión que ahora ratifica la Sala Penal del TSJ tras analizar y desestimar el recurso de casación interpuesto por la defensa.
Los magistrados Elsa Gómez (ponente), Carmen Marisela Castro y Maikel Moreno Pérez determinaron que los alegatos de los condenados no demostraban «vicio legal» alguno en las decisiones judiciales previas, manteniendo así la pena máxima aplicable para estos delitos contra la seguridad de la nación.