Un juez federal de los Estados Unidos (EEUU) dictaminó el miércoles que el estado de Texas deberá remover las barreras flotantes instaladas recientemente en el río Grande (río Bravo, en México) para disuadir a los migrantes de cruzar la frontera.
El estado deberá, a más tardar el 15 de septiembre de 2023, reposicionar, a sus expensas, todas las boyas, anclas y otros materiales relacionados que componen la barrera flotante colocada en el río, escribió el juez federal de distrito, David Ezra, en una orden judicial preliminar.
«Desgraciadamente para Texas, un permiso es exactamente lo que exige la ley federal antes de instalar obstrucciones en las aguas navegables del país», agregó.
El Departamento de Justicia presentó una demanda civil en julio, argumentando que la barrera flotante viola la Ley de Ríos y Puertos, que prohíbe crear sin la debida autorización cualquier obstrucción en la capacidad navegable de las aguas del país. Asimismo, afirmó que la barrera flotante «plantea riesgos para la salud y la seguridad pública» al impedir los desplazamientos a través de ella, perjudicando las relaciones entre EEUU y México.
Texas seguirá instalando barreras
La oficina del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, apeló inmediatamente el fallo de Ezra, afirmando que el estado «está preparado para llevar esta lucha hasta el Tribunal Supremo de EEUU».
«La decisión judicial de hoy simplemente prolonga la obstinada negativa del presidente (Joe) Biden a reconocer que Texas está dando un paso al frente para hacer el trabajo que debería él haber estado haciendo todo el tiempo», dijo la oficina del gobernador en un comunicado.
«Seguiremos utilizando todas las estrategias para asegurar la frontera, incluido el despliegue de soldados de la Guardia Nacional de Texas y de tropas del Departamento de Seguridad Pública, así como la instalación de barreras estratégicas», añadió.
