Una comisión de campesinos del sector Morador y Tierra Buena denunció públicamente la detención arbitraria e injusta de ocho trabajadores agrícolas desde el pasado 29 de marzo, a quienes se les acusa de delitos que, según afirman los denunciantes, carecen de sustento jurídico y fáctico.
Los ciudadanos Jhon Sandoval, Angelo Suárez, Fenñuble La Cruz, Carlos Gonzales, Yorse Galíndez, Carlos Herrera, Yilber Ybarra y Marielbis Palma, fueron detenidos mientras laboraban en la parcela N.º 11 del predio conocido como La Galera, parte de un fundo productivo gestionado por campesinos desde 2007, luego de la salida de la transnacional Smurfit Carton de Venezuela.
Una comisión integrada por Jesús Linares, Mariano Ibarra, Yancir Batista, Rafael Gómez, Omaira Palma, Ligia Colmenares, Eucari Aguilar, Johan Ybarra, Alberto Gómez, Katerin González, Yoniet Ybarra, Carlos González, Marianny Galíndez, Génesis Castillo, Gaudencio Parra y Yorban Sandoval, declaró que los detenidos se encontraban realizando labores agrícolas en terrenos regularizados por el Instituto Nacional de Tierras (INTI) y entregados en custodia por Corp-Agro del estado Portuguesa desde el año 2017.
𝗟𝗮𝘀 𝗮𝗰𝘂𝘀𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗰𝗮𝗿𝗲𝗰𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗳𝘂𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗲́𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼 𝘆 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹
Los campesinos rechazan categóricamente los delitos imputados: contrabando agravado, ejecución de actividades no permitidas, y contravención de planes de ordenación del territorio, por considerarlos infundados:
Los rebrotes de Meglina que se encontraban en la zona no tienen valor comercial, como lo determinó el propio Ministerio de Agricultura y Tierras y la empresa Smurfit Carton de Venezuela tras una inspección en 2017. Los campesinos los utilizan únicamente como leña y para la fabricación de escobas rústicas.
La especie forestal Meglina no es autóctona ni forma parte de la flora protegida del área. Se trata de un cultivo foráneo de carácter industrial, introducido por la empresa privada.
No se encontró maquinaria, camiones ni evidencia de extracción o comercialización de madera en el momento de la detención. Tampoco se identificó daño ambiental a especies protegidas.
Los campesinos fueron detenidos arbitrariamente por vigilantes armados ajenos a las autoridades competentes, quienes actuaron bajo presuntas órdenes de un tercero identificado como “Cheo Pollo”, dando inicio a lo que califican como una acusación sin precedentes y políticamente sesgada.
𝗗𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗮𝗯𝘂𝘀𝗼 𝘆 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗮𝗿𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻
La comunidad denunció que esta situación representa una grave violación de derechos humanos, al criminalizar el trabajo agrícola y someter a familias humildes a procesos judiciales sin fundamentos claros. Aseguran que se está utilizando el sistema judicial para proteger intereses particulares, en detrimento de quienes han contribuido durante años a la seguridad alimentaria de la región.
Además, señalan que estas acciones han generado un profundo daño social, económico y moral a ocho familias campesinas que ahora viven bajo condiciones de extrema vulnerabilidad.
𝗘𝘅𝗶𝗴𝗲𝗻 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 𝘆 𝗹𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮𝗱 𝗶𝗻𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼𝘀
Los voceros aseguraron que han establecido comunicación con el gobernador Primitivo Cedeño, el Sr. Jonathan Cedeño, y con los abogados defensores Carlos Molina, Octavio Díaz y Melvis Molina, quienes han mostrado voluntad de esclarecer los hechos y restablecer la justicia.
“Confiamos en que el Estado actuará con responsabilidad y corregirá esta injusticia. La justicia social no puede estar subordinada a intereses oscuros ni a interpretaciones antojadizas de la ley. Exigimos la inmediata libertad de nuestros compañeros y la **sanción de quienes han abusado del poder para perseguir a trabajadores honestos”, concluyó la comisión.
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𝗘́𝗱𝗴𝗮𝗿 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗠𝗼𝗿𝗮𝗹𝗲𝘀
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