Ante la multiplicidad de denuncia que ronda en torno a la violación de los derechos procesales de los ciudadanos de Acarigua y Araure, un grupo de abogado y estudiantes de derecho decidieron conformar una Organización No Gubernamental, para atender las denuncias de la gente que requiere de asesoría legal.

Así lo manifestó el dirigente Alexis Agrais, quien explicó que la situación presentada con su hermano Alex Agrais, no es de carácter político sino que es producto de una mala actuación y abuso de funcionarios de la policía del estado Portuguesa, ya hemos indagado y jurídicamente con el apoyo de un grupo de abogados vamos a tratar el caso en la fiscalía de derechos fundamentales para que se determinen las responsabilidades del caso.

“He recibido diferentes llamadas de gente, de amigos, políticos, abogados, incluso de conocidos del ministerio público y de los tribunales y me dicen que esto sucede a diario, el atropello y la violación de derechos humanos, pero en su gran mayoría de los casos la gente teme a denunciar porque asegura que más adelante se tomen represarías o se ensañen con ellos, es igual como a veces también en su gran mayoría no tienen recursos para pagar un abogado que los represente y el hecho de que públicamente  hayamos denunciado el abuso de autoridad, me han comentado los diferentes casos y casos que pasan y la necesidad existente de luchar por los derechos contemplados en nuestra Constitución y demás leyes”.

Agrais también adicionó que motivado también a este tema sostuvimos una reunión en horas de la mañana con un grupo de abogados y estudiantes del derecho donde estamos discutiendo y ya revisando la creación de una ONG por los derechos de la ciudadanía donde le podamos brindar gratuitamente el apoyo a nuestra gente y velar por sus garantías constitucionales,  en los próximos días daríamos a conocer dónde y actuaríamos al apegados a la ley sin temor alguno.

Alexis Agrai, quién argumentó que esta decisión se toma debido a que en los organismos de seguridad del Estado, se presentan casos de violación de los derechos humanos de las personas y el derecho al debido proceso sin que ninguna autoridad judicial pueda atender de manera eficiente a los afectados.

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