Venezuela anunció este sábado que trabaja con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para generar las “condiciones necesarias” que ayuden a liberar a los ocho militares secuestrados, el pasado 23 de abril, por irregulares colombianos en una zona fronteriza en la que se registran combates desde marzo.

El anuncio llegó en medio de las críticas que ha recibido el Gobierno por no haberse pronunciado sobre este hecho en la última semana, después de que fuera denunciado el domingo pasado por la ONG de derechos humanos Fundaredes.

El titular de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo, al leer un comunicado a través de la televisora estatal VTV, que la Cancillería venezolana se encuentra coordinando con el CICR acciones para la “pronta liberación” de los ocho efectivos castrenses, de los cuales no reveló su identidad.

Tras su pronunciamiento, el canciller Jorge Arreaza indicó, a través de Twitter, que su despacho está trabajando con el organismo para generar “en conjunto las condiciones necesarias para una segura y pronta liberación”, sin profundizar en detalles.

EL SECUESTRO DE LOS MILITARES

El secuestro de estos militares ocurrió, según un comunicado de un grupo disidente de las FARC que recibió el CICR, el pasado 23 de abril, pero fue hasta hoy que el Gobierno venezolano se pronunció al respecto.

En el pronunciamiento, el ministro de Defensa indicó que el pasado 9 de mayo las autoridades recibieron una fe de vida de los efectivos castrenses y, a través de las cámaras de VTV, mostró un vídeo sin audio de los militares secuestrados.

La Fuerza Armada venezolana enfrenta desde el pasado 21 de marzo en el estado fronterizo con Colombia de Apure a irregulares colombianos que se ha negado a identificar.

Según la oposición y ONG, el Gobierno no identifica a estos grupos por la “alianza” del presidente venezolano, Nicolás Maduro, con antiguos miembros de las FARC y el ELN.

ESCASA INFORMACIÓN OFICIAL

Las autoridades venezolanas mantienen una opacidad sobre cómo se desarrollan estos combates, pues de momento solo ha confirmado la muerte de ocho efectivos castrenses y nueve “terroristas” entre el 21 de marzo y el 5 de abril, y posteriormente dijo que había varias muertes, sin detallar un número.

En el mismo pronunciamiento de hoy, Padrino López indicó que los grupos utilizan “métodos asesinos y cobardes como las minas antipersonales y cargas explosivas detonadas a distancia, que causaron la muerte de efectivos militares y ocasionaron graves heridas a otros, algunos de ellos con mutilaciones de miembros e incapacitación de carácter permanente”.

Según indicó el miércoles Fundaredes, los ocho militares secuestrados formaban parte de un grupo de 38 efectivos que se trasladaron en dos helicópteros a un sector en Apure para destruir unos laboratorios de droga y cuando unos 30 efectivos descendieron de la aeronave fueron “sorprendidos por todos los costados” por “más de 300 guerrilleros”.

“Ellos ordenan, un militar de apellido Pérez Torres, ordena que se retiren los helicópteros (…) quedan estos funcionarios o estos efectivos en pleno lugar de combate, comienzan a caer sus compañeros”, dijo entonces el director de la ONG, Javier Tarazona, que también denunció la desaparición de tres efectivos.

Sobre estos tres desaparecidos no hay información oficial hasta el momento y, precisamente, Tarazona criticó que en su pronunciamiento de hoy, el ministro no ofreciera información sobre ellos.

Para Fundaredes, las declaraciones de Padrino López tenían imprecisiones debido a que no revelaron la identidad de los secuestrados ni habló sobre los desaparecidos.

Según Fundaredes, los ocho militares secuestrados son el teniente coronel Jhan Carlo Bemon, primer teniente Jonny Jaguay, teniente Álvaro Junior Florez, sargento mayor José Antonio Ramos, sargento segundo Estiben José Aular, sargento primero Luis Coba, sargento mayor Paul Hernández y al sargento primero José Torres.

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