Con motivo de celebrarse este 16 de julio el Día Nacional del Policía y la Policía, la Defensoría del Pueblo felicita a todas y todos los funcionarios policiales que cumplen su rol de proteger a la ciudadanía y sus bienes; al igual, que protegen los bienes públicos, mantienen el orden interno, la paz social y la convivencia entre todos y todas.

En este sentido el Art.55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece que “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.

Es por ello, que reconocemos el rol que ejercen las funcionarias y funcionarios que apegados a los estándares de actuación policial, garantizan el cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados tanto en la Carta Magna, como también en los tratados y pactos internacionales relativos a derechos humanos, firmados y ratificados por Venezuela.

Cabe recordar que fue un 20 de diciembre del año 2009, se crea el Proyecto de Policía Nacional Bolivariana, en tiempos del Presidente Hugo Chávez, con la creación del Consejo General de Policía que busca definir cada vez mejor la actuación de los órganos de seguridad del Estado con un espíritu social y de justicia con una visión de apegarse al respeto absoluto de los derechos humanos de toda la población.

Es importante destacar y dignificar la función policial pues estos servidores y servidoras públicas ocupan un lugar primordial en materia de seguridad ciudadana. Por ello, la legitimidad y eficacia de las actuaciones de estos agentes estatales son fundamentales para promover la seguridad, la justicia y los derechos humanos.

La actuación de los cuerpos de seguridad policial debe estar siempre orientada al respeto y garantía del derecho humano a la vida como valor supremo en un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Sus funcionarios y funcionarias deben siempre proteger de manera privilegiada y preferente la vida de las personas ante otros derechos e intereses y bienes tutelados. Además de la protección de la población en situación de vulnerabilidad, tales como niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas adultas mayores y con discapacidad.

Desde la Defensoría del Pueblo seguiremos impulsando la formación de los cuerpos de seguridad del Estado, con diplomados, talleres, cursos y conversatorios sobre el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza por parte de los funcionarios y las funcionarias policiales en los procedimientos dirigidos a garantizar la paz social y la convivencia ciudadana. Además, de reforzar los conocimientos sobre la Ley Especial para prevenir y sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o degradantes para continuar promoviendo una cultura de respeto a los derechos humanos de toda la población. Debemos seguir avanzando en mejorar las buenas prácticas policiales con compromiso ético y moral como verdaderos servidores y servidoras públicas de la nación, cuya función es la paz, la justicia y la convivencia ciudadana.

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