Homar Garcés
Casi inmediatamente después de la agresión militar imperialista del 3 de enero contra la soberanía venezolana, los principales voceros de la oposición extremista en el extranjero han demandado la inmediata realización de elecciones generales en el país. Se alega -sin mucha convicción- que éstas permitirían estabilizar la democracia y la paz, así como contribuirían a rescatar nuestra maltratada economía, abriendo las compuertas a inversores foráneos que tendrían despejado el panorama respecto a la seguridad jurídica de sus inversiones mediante la modificación sustancial de varias leyes orgánicas, aprobadas todas en el pasado bajo una orientación aparentemente socialista. Pero, según lo manifestado por los más altos funcionarios del gobierno, incluida la presidenta encargada Delcy Rodríguez, eso no está contemplado, por lo menos en el corto tiempo, apelando a lo contemplado en la legislación vigente. Sin embargo, la opinión y la preocupación primordial de la generalidad de la población, sin ser uniformes del todo, apuntan más bien a que se hagan todos los esfuerzos posibles para que la economía nacional salga definitivamente del marasmo en que fuera sumida en las últimas décadas, gracias, precisamente, a las acciones emprendidas por esa misma oposición que ahora quiere elecciones «libres».
En medio de tales posiciones, cada una de ellas motivada por intereses diferentes entre sí, es innegable que el tema económico es determinante. Para bien o para mal. En cuanto al mismo, son muchos los que obvian el hecho de que el sistema productivo capitalista venezolano apenas fue transformado durante lo que va de siglo, continuando aferrado al mismo esquema rentista y dependiente establecido hace ya cien años, a pesar de la entrada en vigencia de diversas leyes que permitieron anticipar la construcción de un nuevo tipo de economía con estructuras y relaciones de producción eminentemente socialistas. Por eso, la demanda de un ajuste salarial acorde con los índices inflacionarios carece, a simple vista de bases realistas, a pesar de constituir una necesidad que no puede posponerse por mucho más tiempo. En este sentido, vale exigir al gobierno nacional que le hable claro a los venezolanos, independientemente de si está tutelado o no por el gobierno de Donald Trump. También vale decir que la concertación de gobierno, empresarios y trabajadores no puede centrarse únicamente en relación con lo que están dispuestos a aportar y a apoyar los empresarios para recuperar la economía, como sería el deseo de todos.
Así que la exigencia de unas elecciones generales, en corto o mediano plazo, se fundamenta más que todo en la ambición de poder de algunos personeros de la extrema derecha que se hallan en el exterior, confiados en que, luego de la agresión estadounidense, serían los llamados a conformar el nuevo gobierno y, una vez instalados, procederían a desmantelar por completo lo hecho durante la administración de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en completa armonía con los intereses y la voluntad de Estados Unidos. Por otra parte, se encuentra un sector que reivindica al chavismo, pero que adversa al actual gobierno, que se pronuncia también a favor de una convocatoria a elecciones; lo que le pavimenta el camino al discurso de la derecha extremista más que darle la ocasión para desplazar a la dirigencia actual. Tal vez ocurra que la efervescencia electoral produzca una situación más conflictiva de la que pudiera existir actualmente, sin que se noten sus indicios. Por todo ello, el manejo del tema electoral tendrá que manejarse ponderadamente, sin caer en conclusiones ni propuestas simplistas, si es que se quiere, realmente, aprovechar la oportunidad de construir un nuevo país, sin exclusiones ni polarizaciones ni subordinaciones de cualquier forma o contenido; contando, de verdad, con la participación y el protagonismo de las bases populares.
