Por décadas, Abelardo de la Espriella construyó una reputación como uno de los abogados más conocidos y controvertidos de Colombia. Pero un país no se dirige desde un despacho jurídico ni con argumentos de sala de audiencias. La Presidencia exige algo mucho más complejo: visión de Estado, capacidad administrativa, conocimiento profundo de la realidad social y, sobre todo, respuestas concretas a problemas que no se solucionan únicamente con discursos de mano dura.

La llegada de Abelardo de la Espriella al poder representa para muchos colombianos una apuesta por un cambio radical después del gobierno de Gustavo Petro. El abogado, convertido en político, llegó con un mensaje centrado en la seguridad, la recuperación del orden público y la lucha contra los grupos armados ilegales y el narcotráfico. Su campaña se apoyó en la promesa de devolver autoridad al Estado y aplicar una política más agresiva contra el crimen.

Sin embargo, precisamente ahí aparece la primera gran pregunta sobre su futura administración: ¿cómo piensa hacerlo?

La seguridad nacional no se construye únicamente con frases contundentes, amenazas contra delincuentes o promesas de castigo. Colombia tiene una larga experiencia con gobiernos que anunciaron “mano firme” pero después descubrieron que la criminalidad es un fenómeno mucho más profundo: está vinculada a economías ilegales, corrupción, desigualdad, control territorial de grupos armados y falta de presencia estatal en amplias zonas del país.

De la Espriella ha prometido combatir el crimen, crear nuevas herramientas de seguridad y endurecer la respuesta del Estado, pero todavía existe una gran incertidumbre sobre los detalles concretos de su estrategia. Un presidente no puede limitarse a decir que acabará con la delincuencia; debe explicar cómo, con qué recursos, bajo qué controles legales y cuáles serán las consecuencias sociales de sus decisiones.

Colombia ya conoce los peligros de las soluciones aparentemente simples para problemas extremadamente complejos.

Un abogado exitoso no necesariamente es un estadista

Uno de los principales argumentos de los críticos de De la Espriella es que su experiencia profesional, aunque importante, no equivale automáticamente a preparación política.

Ser un abogado brillante significa dominar la ley, defender posiciones, analizar conflictos y representar intereses. Gobernar un país significa algo diferente: administrar millones de vidas, equilibrar intereses opuestos, negociar con sectores sociales, fortalecer instituciones y tomar decisiones que afectan generaciones completas.

La política no es un juicio donde existe un ganador y un perdedor. Un presidente no puede actuar como un litigante que busca imponer su versión de los hechos. Debe construir consensos, incluso con aquellos que piensan diferente.

El problema para De la Espriella es que gran parte de su identidad política se construyó precisamente alrededor de la confrontación. Su discurso contra la izquierda, contra el legado de Petro y contra lo que considera una pérdida de autoridad del Estado le permitió conectar con un sector importante de la sociedad. Pero gobernar un país dividido exige algo más que movilizar a los propios seguidores.

Colombia no necesita únicamente un presidente que sepa señalar enemigos. Necesita un líder capaz de resolver problemas.

La promesa de “limpiar” Colombia y el peligro de las soluciones extremas

La lucha contra el crimen será probablemente el principal examen político de De la Espriella. Durante su campaña habló de una ofensiva contra grupos ilegales y estructuras criminales, incluyendo propuestas como grandes centros penitenciarios y una política más dura contra los delincuentes.

Pero la historia demuestra que la criminalidad no desaparece simplemente eliminando individuos. Los mercados ilegales se reorganizan, nuevos actores ocupan los espacios dejados por otros y la violencia puede incluso aumentar cuando el Estado actúa únicamente mediante la fuerza.

En este contexto surge una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llegará la nueva administración en su intento por demostrar resultados?

En algunos sectores críticos ha aparecido el temor de que una política basada exclusivamente en expulsar o eliminar el problema pueda llevar a soluciones irresponsables. Incluso se ha especulado sobre la posibilidad de utilizar a ciudadanos colombianos involucrados en actividades criminales como carne de cañón en conflictos internacionales, como la guerra de Ucrania. No existe evidencia pública de que De la Espriella tenga un plan semejante, pero la sola aparición de este tipo de temores refleja una preocupación más amplia: que la lucha contra el crimen termine convirtiéndose en una búsqueda desesperada de resultados rápidos sin suficientes garantías legales y humanas.

Un Estado democrático no puede resolver sus problemas enviando ciudadanos a morir en guerras extranjeras. La seguridad nacional debe basarse en justicia, inteligencia, prevención y fortalecimiento institucional, no en la exportación de conflictos internos hacia otros escenarios militares.

La diferencia con Gustavo Petro: evitar que colombianos sean enviados a una guerra extranjera

Durante el gobierno de Gustavo Petro, Colombia adoptó una posición crítica frente a la participación de ciudadanos colombianos en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Petro se opuso a que colombianos fueran reclutados como mercenarios o combatientes extranjeros y defendió una postura de no involucramiento directo en una guerra ajena.

El gobierno de Petro también cuestionó la participación de extranjeros en conflictos internacionales y sostuvo que Colombia no debía convertirse en una fuente de combatientes para guerras que ocurren fuera de su territorio.

Sus críticos pueden cuestionar muchas decisiones de Petro en materia económica, de seguridad o política exterior. Sin embargo, en este punto concreto, sus defensores consideran que mantuvo una postura coherente: proteger a ciudadanos colombianos de convertirse en participantes de un conflicto internacional con enormes riesgos humanos.

La llegada de De la Espriella abre ahora un debate diferente. Su cercanía ideológica con sectores internacionales que defienden una postura más dura frente a Rusia y su énfasis en la seguridad generan preguntas sobre cuál será la posición de Colombia frente a la guerra en Europa.

El país debe responder una pregunta fundamental: ¿Colombia será una nación que busca soluciones internas a sus problemas o se convertirá en un proveedor de recursos humanos para conflictos externos?

Seguridad sin estrategia: el riesgo del populismo punitivo

Uno de los grandes desafíos de los gobiernos que prometen “orden” es evitar caer en el populismo punitivo. Es políticamente rentable prometer cárceles, castigos severos y operaciones militares. Es mucho más difícil construir instituciones eficientes, mejorar la justicia, combatir la corrupción policial y ofrecer alternativas económicas en regiones dominadas por grupos ilegales.

La experiencia colombiana demuestra que la violencia no desaparece solo con operaciones militares. Durante décadas, el Estado ha capturado líderes criminales y guerrilleros, pero nuevos grupos han ocupado esos espacios.

El narcotráfico no existe únicamente porque haya delincuentes dispuestos a cometer delitos. Existe porque hay mercados internacionales, corrupción, pobreza, falta de oportunidades y territorios abandonados por el Estado.

Si De la Espriella quiere demostrar que es más que un abogado exitoso convertido en presidente, tendrá que presentar una estrategia integral. De lo contrario, corre el riesgo de repetir errores del pasado: gobiernos que prometieron recuperar el país rápidamente y terminaron enfrentándose a la complejidad de la realidad colombiana.

El desafío económico y social

Otro punto débil del discurso de seguridad es que un país no puede mantenerse estable únicamente con fuerza pública. Colombia necesita crecimiento económico, empleo, educación y reducción de desigualdades.

La inseguridad muchas veces prospera donde el Estado está ausente. Jóvenes sin oportunidades, regiones sin inversión y comunidades abandonadas se convierten en terreno fértil para organizaciones criminales.

Un presidente que quiera transformar Colombia debe preguntarse por qué miles de personas terminan vinculadas a economías ilegales. No basta con capturar delincuentes; hay que impedir que nuevas generaciones sean reclutadas.

La verdadera prueba para De la Espriella será demostrar que tiene un proyecto de país y no solamente una estrategia electoral basada en el rechazo al gobierno anterior.

Entre la esperanza y la incertidumbre

Los seguidores de Abelardo de la Espriella esperan que su llegada signifique un retorno de la autoridad estatal y una respuesta más firme frente al crimen. Sus detractores temen que su estilo confrontacional pueda aumentar la polarización y conducir a políticas demasiado rígidas.

Ambas posibilidades dependerán de sus decisiones en el poder.

La historia juzgará a De la Espriella no por sus discursos de campaña ni por sus éxitos como abogado, sino por su capacidad para gobernar. Un presidente no se mide por la cantidad de enemigos que identifica, sino por los problemas que consigue resolver.

Colombia necesita seguridad, pero también necesita instituciones fuertes, justicia efectiva y estabilidad social. La promesa de “limpiar” el país puede ser atractiva para una población cansada de la violencia, pero la pregunta esencial sigue siendo la misma: ¿existe realmente un plan para construir un país más seguro o solamente existe una promesa de castigo?

El nuevo mandatario tendrá que responder esa pregunta ante millones de colombianos. Porque ganar una elección puede depender de un discurso poderoso. Gobernar una nación exige mucho más.