Édgar Alexander Morales

El Comité Defensor de Pequeños y Medianos Productores del estado Portuguesa aseveró que este año 2022 para incrementar la producción con buenas cosechas el gobierno nacional y regional tiene grandes retos que asumir para transformar realidad actual de los agricultores.

Ilmer Castellanos, vocero de la organización gremial, indicó que en el ámbito del maíz, se debe eliminar el criminal paquetazo de 4000kgrs de maíz por hectáreas, que cobran las empresas financieras, que solo alcanza para pagar insumos, lo cual ha destruido socioeconómicamente a los productores y su familia.

Castellano asegura que este criminal paquete, decreta el endeudamiento y quiebra de la mayoría de los trabajadores del campo; por lo tanto exigimos que se eliminen esas practicas.

Por otro lado “debemos reconocer que el suministro de gasolina ha mejorado mucho hasta casi normalizarse, sin embargo en lo que se refiere al suministro de gasoil, sí estamos fatal; porque se dice que en el municipio Santa Rosalía, las estaciones de servicio están haciendo bien su trabajo pero, en los municipios Araure, Páez la distribución de gasoil es cero, para el pueblo, no obstante si hay secuestradas estaciones de servicio confirmadas con su excusa de programa de exclusividad”.

Vicios en las estaciones

Castellano denuncia que en estas estaciones, unos pocos privilegiados solo surten gasoil por lo tanto señor gobernador, “tome nota, no permita que empañen su gestión porque observamos su voluntad de hacerlo bien y como el presidente dio la orden de denunciar mafias, hoy comenzamos diciéndole póngale ojo estaciones de Araure y Acarigua, donde exigimos para todo el estado democratización del despacho de gasoil, para evitar lo ocurrido el año pasado que la mitad de la cosecha de frijol y otros rubros quedaron en el campo”.

Igualmente debe reconocerse la voluntad del consejo legislativo del estado de reunirse con los gremios pero, por experiencia exigimos ir  a las catacumbas del pueblo rural mediante parlamentarismo de calle y realización de asambleas agrarias como establece ley orgánica de seguridad y soberanía agroalimentaria, que permita hacer un diagnóstico imparcial y objetivo de las mayorías; integrada por las bases rurales, hoy muy empobrecidas para que las políticas agrarias se fijen en función de generar beneficios para las mayorías.

Asimismo exigimos acelerar el proceso de reducción de encaje legal para restablecer finamiento por banca pública y privada, a pequeños y medianos productores con su maquinaria, implementos, cercas en el suelo, deterioradas e inoperantes para que puedan activar producción.

Aspiramos del gobierno nacional y regional tome en cuenta propuesta para que tanto en el cerro como en el llano, haya producción de alimentos para enrumbarnos a perseguir el desarrollo rural integral que debe ser el objetivo alcanzar.

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