Es realmente asqueroso presenciar cómo sectores de la oposición intentan capitalizar mediáticamente cualquier escenario, recurriendo a la difamación y al ataque directo contra la dignidad humana para ganar un poco de visibilidad. En las últimas horas ha circulado un video cargado de mentiras que señala a una profesional del derecho —ajena a cualquier proceso turbio— de haber recibido sumas exorbitantes de dinero, un señalamiento tan descabellado que ignora incluso las realidades bancarias más básicas. Esta práctica de vilipendiar por deporte no solo daña reputaciones, sino que desdibuja el trabajo de quienes, dentro del sistema judicial, sí cumplen con su deber. Aunque es un hecho que existen casos de corrupción en el Poder Judicial, la presidenta encargada, se ha comprometido a investigar a fondo, no se puede tolerar que el activismo político se convierta en una cacería de brujas donde la verdad es lo primero que se sacrifica en el altar del «centimetraje» informativo.
Lo más cínico de esta narrativa es la doble vara con la que miden la justicia. Hoy pretenden convertir en «pobrecito» a un agresor condenado por ultrajar a una niña de 13 años, una víctima a la que no solo violó, sino que sometió a vejaciones infames. Resulta indignante que, solo porque el victimario tiene 71 años y alega una supuesta enfermedad, estos voceros exijan su libertad inmediata, dejando en el olvido absoluto los derechos de la niña y el dolor de su familia. ¿Dónde queda la justicia para ella? Pareciera que para estos sectores, si la víctima es de una familia humilde o de campo, su dignidad no cuenta. Si los hijos de quienes hoy defienden a un violador fueran las víctimas, ¿pedirían impunidad? Es una mezquindad que intenta cuestionar a jueces que hicieron su trabajo al condenar a los culpables, demostrando que para esta oposición, la justicia es solo un juguete para atacar al contrario, mientras que los derechos de los más vulnerables terminan siendo los grandes olvidados.
Otro Tema
Resulta lamentable observar cómo ciertos sectores de la política regional insisten en abordar la gestión pública desde la mezquindad, priorizando el impacto mediático sobre la realidad histórica que atraviesa nuestro país. Cuando escuchamos críticas como las de la dirigente María Gabriela Arocha sobre la reapertura del servicio de Rayos X en el Hospital Jesús María Casal Ramos, no podemos evitar notar la ausencia de memoria y, sobre todo, de contexto. Es sencillo lanzar dardos desde la comodidad de una publicación digital para buscar el aplauso fácil o el centimetraje en los medios, pero resulta irresponsable ignorar —o pretender ocultar— que la capacidad de respuesta del Estado ha sido saboteada sistemáticamente por el bloqueo económico más brutal que haya enfrentado Venezuela, agudizado por agresiones externas como el bombardeo contra Caracas ocurrido aquel 3 de enero.
La política no debería ser un ejercicio de cinismo donde el sufrimiento de la gente se convierte en una herramienta de marketing político. Mientras algunos se enfocan en cuestionar el «tiempo» de espera con un tono cargado de ironía, olvidan deliberadamente que ese retraso ha sido consecuencia directa de una estrategia de asfixia diseñada para arrodillar al pueblo. A quienes hoy critican con tanta ligereza les convendría recordar que la reconstrucción de nuestros servicios públicos ocurre en medio de una lucha contra las restricciones financieras impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Es legítimo exigir mejoras, pero es mezquino pretender borrar los obstáculos que nos han impuesto, demostrando que para algunos dirigentes, la pantalla y la crítica vacía importan mucho más que el bienestar real y tangible de nuestras familias.
Debate
El debate político en Venezuela avanza hacia la necesidad de redefinir el concepto de democracia, desplazando el foco del simple ejercicio del voto hacia la exigencia de transparencia absoluta por parte de quienes conducen los destinos de la nación. Ante la posibilidad de un nuevo proceso electoral en el país, diversos sectores sociales y electorales coinciden en que la viabilidad del sistema democrático no debe medirse como un concurso de popularidad basado en afiches y canciones. Por el contrario, la colectividad nacional reclama de manera urgente la presentación de un proyecto de Gobierno estructurado, técnico y factible que responda de forma directa a las complejas variables socioeconómicas y estructurales que atraviesa la República.
La ciudadanía manifiesta de forma reiterada su preocupación ante el debilitamiento progresivo de las instituciones del Estado, los niveles de corrupción y la opacidad en el manejo de los recursos públicos en las distintas instancias de la administración. En este sentido, la selección de las próximas autoridades no puede fundamentarse en la simpatía de los aspirantes, sino en las credenciales académicas, la experiencia comprobada y la pertinencia de su proyecto de Gobierno. Quienes pretendan optar a cargos de elección popular en el territorio nacional están obligados a abandonar las ofertas demagógicas para someter a consideración planes de gestión ejecutables, diseñados mediante diagnósticos reales sobre la situación de los servicios y la economía del país.
Los electores coinciden en que la superación de las problemáticas actuales de la patria no depende de la llegada de liderazgos mesiánicos individuales, sino del compromiso colectivo de todos los sectores para aportar soluciones estructurales desde sus respectivas áreas de acción. La exigencia de perfiles profesionales capacitados para asumir la función pública busca erradicar la improvisación en el diseño de las políticas del Estado. De esta manera, el debate público actual se orienta a evaluar con rigor técnico las propuestas institucionales, estableciendo que un proyecto de Gobierno asertivo es la única herramienta sólida para reimpulsar el desarrollo, la transparencia y el bienestar social en el mediano y largo plazo.
Colombia
Lo ocurrido en Colombia termina por darle la razón al presidente Gustavo Petro tras la presentación de un informe técnico contundente que detalla alteraciones críticas en el software electoral utilizado por DIVIPOL. Las pruebas sobre la modificación del sistema cinco días antes de los comicios, que permitieron inflar el censo en más de 885 mil cédulas y crear puestos de votación bajo la sombra, son una muestra de cómo la tecnología puede ser manipulada para generar ventajas artificiales. Registros de votaciones que superan la capacidad física humana en miles de mesas confirman que, cuando existen auditorías serias y datos técnicos sobre la mesa, la verdad sobre el fraude electoral termina saliendo a la luz, dejando en evidencia a quienes pretendieron burlar la voluntad popular.
Más allá de lo que sucede en el vecino país, esta situación me obliga a mirar hacia nuestra propia realidad y a preguntarme: ¿dónde estuvieron esas pruebas cuando el país más las necesitaba? En Venezuela, tras los comicios del pasado 28 de julio, escuchamos un discurso opositor cargado de acusaciones de fraude, pero que, a diferencia de lo expuesto en Colombia, se quedó en el vacío de los titulares y no en la contundencia de un informe técnico verificable. Me hubiese gustado ver, con la misma claridad y rigurosidad, cómo presentaron las pruebas de un supuesto robo de elecciones por parte del PSUV. La gran diferencia entre un ejercicio democrático real y la simple narrativa política es la capacidad de sustentar las denuncias con hechos; mientras allá se presentaron datos de software y mesas irregulares, aquí seguimos esperando ver esas evidencias que nunca aparecieron. Nos leemos el jueves.
Édgar Alexánder Morales J.
