Este lunes la Fiscalía General de Brasil denunció formalmente ante la Corte Suprema de Justicia a 39 personas vinculadas con los ataques perpetrados a las sedes de los tres poderes, el pasado 8 de enero, cuando radicales bolsonaristas intentaron derrocar el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Los denunciados, acusados de invadir la sede del Senado, tendrán que responder por seis delitos, entre los cuales están golpe de Estado, asociación criminal y daños al patrimonio, según un comunicado divulgado por el Ministerio Público.
La denuncia, firmada por el vicefiscal general, Carlos Frederico Santos, coordinador del Grupo Estratégico de Combate a los Actos Antidemocráticos, respondió a una petición enviada el viernes por el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.
Además de la condena de los implicados, el alto funcionario pidió la prisión preventiva de los denunciados «para evitar que se cometan nuevos delitos violentos contra el Estado Democrático de Derecho».
Asimismo, solicitó el bloqueo de bienes por un total de 40 millones de reales (unos 7,7 millones de dólares) para reparar el daño «tanto material a la propiedad pública como a la moral colectiva», y la suspensión del cargo o de las pérdidas de cargos o funciones públicas en los casos correspondientes.
El pasado 8 de enero, miles de bolsonaristas radicales invadieron las sedes del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia en una intentona de golpe que dejó un manto de destrucción en las sedes de los tres poderes.
Por los hechos, hay abiertas 7 investigaciones y más de 1.800 personas fueron detenidas, aunque una tercera parte fue liberada por «razones humanitarias» y responderá a un eventual proceso judicial en libertad.
