Las centrales obreras de Argentina van a la huelga general este miércoles para rechazar las medidas de ajuste y flexibilización laboral contenidas en el ‘decretazo’ del presidente Javier Milei, emitido en diciembre.

Con la Confederación General del Trabajo (CGT) a la cabeza, los sindicatos más importantes del país se movilizan al Congreso en la ciudad de Buenos Aires, donde se trata el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la ‘ley ómnibus’, normas con las que Milei busca aplicar una «reforma laboral regresiva», según manifestaron los gremios.

El paro inicia al mediodía y se extenderá hasta la medianoche. Además, entre las 7:00 de la tarde y la última hora del miércoles, no operarán los transportes públicos ni estaciones de servicio. Mientras que los vuelos de cabotaje estarán afectados entre las 12 del mediodía y las 24 horas.

Tampoco habrá bancos ni recolección de residuos. Mientras que el Sindicato de Comercio (SEC), el gremio con más afiliados del país, confirmó el «respaldo incondicional» a la protesta, informó La Nación. Sin embargo, las cadenas de supermercados garantizaron que habrá servicio durante toda la jornada.

Los empleados de la administración pública afiliados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también paran, a pesar de que el Gobierno advirtió que les descontaría el día no trabajado. El sector es uno de los más perjudicados por el ajuste de Milei, ya que denuncian una «ola de despidos».

Este martes, ATE denunció un «intento de amedrentamiento» por parte del Gobierno nacional, luego de que un helicóptero de la Policía Federal sobrevoló la sede del sindicato durante varios minutos.

También las automotrices, los metalúrgicos y otros gremios de importancia adhieren a la medida.

Contra el ajuste y en defensa de derechos laborales

Junto a la CGT, participa la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), organizaciones sociales y políticas de izquierda y del peronismo, en rechazo a las medidas oficiales de desregulación de la actividad económica.

El DNU del mandatario deroga más de 300 leyes y avanza contra derechos laborales. Por ejemplo, amplía el período de prueba para empleados de tres a ocho meses, lo que habilita el despido sin indemnización. Sin embargo, ese capítulo del decreto está suspendido por un fallo de la Justicia, que aceptó una medida cautelar presentada por la CGT.

A pesar del freno judicial, que deberá ser definido por la Corte Suprema, la central sindical ratificó la huelga.

 

Reacción del Gobierno
En tanto, el presidente Milei vinculó el paro y la movilización de la CGT a la coexistencia de «dos Argentinas», y contrapuso así a una parte del país que «se quiere quedar en el atraso, el pasado y la decadencia» con «otro modelo», que es el que propone, para «ser desarrollados», dijo a radio Rock and Pop.

Desde el Gobierno, intentaron reducir la fuerza de la protesta llamando a la ciudadanía a no parar, y habilitando una línea telefónica para recibir denuncias anónimas sobre supuestas «extorsiones» de la parte gremial para sumar adhesiones. Según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hubo 1.000 llamadas al día desde que se puso a disposición el número 134.
Además, la ministra Bullrich aplicará el polémico ‘Protocolo antipiquetes’ lanzado por el Ejecutivo para evitar cortes en las calles. Entre otras cosas, el protocolo incluye el uso de las fuerzas federales —Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)—, el cobro de los gastos que suponga la intervención policial e incluso una eventual deportación en caso de que el manifestante detenido sea extranjero.

«Sin dudas que este protocolo lo que hace es devolverle a la sociedad, a los 46 millones de argentinos, la posibilidad de trabajar y vivir en paz», destacó Bullrich, quien propone que las manifestaciones se hagan «en la vereda». La orden es que, si se bloquean calles, la fuerza pública debe intervenir para desalojarlas.

«Incontrolable»
Por su parte, la dirigencia de la CGT anunció que respetará la nueva normativa durante la movilización, en la que esperan reunir a unas 200.000 personas, informó La Nación.

No obstante, el secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, desafió a Bullrich y señaló que la multitud de trabajadores que van a marchar será «incontrolable», aunque lo harán pacíficamente. «Es parte del show mediático que ella quiere imponer, pero a nosotros no nos corre nadie», afirmó Moyano a El Destape.

Este es el primer paro general contra la administración del líder de La Libertad Avanza (LLA), que lleva poco más de 40 días en el poder. Es, además, el más tempranero en un mandato de la historia reciente del país. La última medida de este tenor la había tomado la CGT en mayo de 2019, y fue la quinta contra la gestión del expresidente Mauricio Macri. Durante los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández, la central obrera, históricamente alineada con el peronismo, no convocó a ninguna huelga.

La medida de fuerza se enmarca en un momento de grave crisis económica, con un índice de inflación récord en diciembre, primer mes de Milei en el poder, que ha dejado los salarios arrasados por los constantes aumentos de precios.

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