Con documentos en mano y la certeza de que conseguirá ser escuchado y atendido porque le asiste la razón, el señor Alexander Rodríguez, propietario de la Finca Los Mangos, ubicada en el eje 1 Esteros de Canoita en el municipio Turén, hizo un llamado de atención a las autoridades gubernamentales en vista de que está siendo atropellado por personas que quieren hacer uso arbitrario de sus tierras con argumentos falsos porque su unidad está totalmente productiva.
Explica Rodríguez, que su finca tiene 142.33 has, es de su propiedad, tiene toda la documentación que lo demuestra y aún así, sin razón, el Inti emitió una medida de rescate que le fue notificada el pasado 1ero de junio y que apeló y ganó tras llevar el caso ante el Tribunal Superior Agrario, órgano jurisdiccional que recientemente Decretó la Suspensión de Efectos del cuestionado acto administrativo dictado por el Inti; pese a ello él sigue siendo constantemente acosado y agredido, hay personas que con actitud agresiva y violenta insisten en entrar a su propiedad, hostigar y destruir sus cultivos argumentando que son campesinos honestos cuando no es así.
Rodríguez, señala que la presión por apoderarse de su propiedad tiene tiempo y previo a la «innecesaria e injustificada» medida de rescate del Inti (Actualmente suspendida por decreto del Tribunal Superior Agrario) perdió animales, (unas 600 cabezas de ganado y más de 280 ovejos), sus tractores fueron desvalijados, al igual que sus cosechadoras, y eso lo denunció en su momento ante los órganos competentes.
«Ante la opinión pública de Portuguesa quiero dejar claro que soy un productor agropecuario, no un delincuente, no he agredido a nadie, ni pretendo vulnerarle los derechos a nadie pero quiero respeto a mis derechos y exijo protección y que se hagan valer las decisiones judiciales tomadas porque en este país las invasiones están prohibidas», dijo.
Por último, el productor del municipio Turén hizo un llamado al gobernador Primitivo Cedeño, al alcalde Onofrio Cavallo, al Secretario de Seguridad Ciudadana, a la Defensora del Pueblo y al Presidente del INTI, para que revisen su caso, y procuren el acatamiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior Agrario, y no permitan que los utilicen en el juego malintencionado y malsano de quienes, organizados en colectivos de supuestos campesinos, no pretenden respetar la Ley sino apoderarse de lo que no les pertenece.
