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Miles de productores agrícolas del estado Portuguesa, corazón del agro en Venezuela, se encuentran en una situación crítica y de extrema vulnerabilidad debido a las prácticas abusivas de empresas financiadoras y a la descoordinación de las políticas gubernamentales, lo que amenaza con arruinar la cosecha de maíz de este año.⁣

La grave situación surge de una contradicción insostenible. Al inicio de la temporada, los agricultores, en su mayoría pequeños y medianos productores, firmaron contratos con empresas dedicadas a la financiación y acopio del rubro. Estos acuerdos establecían el pago del maíz a un precio que ronda los $0.30 por kilo, pero con un paquete de pago de entre 2,500 y 3,500 kilos por hectárea.⁣

Sin embargo, en un giro que evidencia la falta de coordinación y control estatal, el Ministro de Agricultura y Tierras, Julio César León Heredia, autorizó y fijó el precio oficial para la comercialización del maíz blanco y amarillo en un rango entre $0.40 y $0.50 por kilo.⁣

Ante esta disparidad, las empresas financieras y procesadoras, cuya actividad económica se enmarca en la industria de conversión de materias primas, se niegan rotundamente a reconocer este incremento oficial. Exigen a los productores que cumplieron con su parte y sembraron la tierra, que honren los contratos firmados a la baja cifra de $0.30, aprovechándose de la necesidad que tenían los agricultores al momento de la siembra.⁣

Esta actitud evidencia un grave desorden institucional y una avariacia desmedida por parte de dichas empresas y empresarios, quienes buscan maximizar sus ganancias a costa del sudor y la humildad del campesino portugueseño. Mientras el Ministerio anuncia un precio que pretende proteger al productor, en la práctica se permite que estos intermediarios se enriquezcan pagando por debajo del valor oficial, hundiendo en la incertidumbre y la deuda a quienes son el verdadero pilar del sector agroalimentario.⁣

⁣Llamado Urgente y Contundente al Gobierno Nacional⁣


Frente a esta injusticia que pone en riesgo la seguridad alimentaria de la nación y la estabilidad económica de miles de familias, hacen un llamado preocupado, urgente y contundente al Gobierno Nacional, al Presidente de la República y al propio Ministro León Heredia:⁣

Exigen una intervención inmediata y efectiva del Ejecutivo Nacional para mediar en este conflicto y hacer cumplir el precio oficial de comercialización establecido por el propio Ministerio de Agricultura.⁣

Solicitan la emisión de un decreto o providencia administrativa que obligue a todas las empresas financiadoras y acopiadoras a reconocer y pagar el maíz al precio oficial autorizado ($0.40 – $0.50/kg), anulando la cláusula abusiva de los $0.30.⁣

No es posible que, mientras el Gobierno anuncia políticas de apoyo al campo, en los hechos se permita que los productores sean víctimas de un sistema que los explota. El campo venezolano clama por justicia. No se puede construir soberanía agroalimentaria sobre la base de la injusticia y el despojo a quienes trabajan la tierra.

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