El UPP89 envió una carta a todas las comitivas del Acompañamiento Internacional Electoral pero, muy particularmente por conocerlos, desde las elecciones presidenciales del 2018, a los Señores Nicanor Moscoso y Guillermo Reyes, ex – presidentes de los entes electorales de Ecuador y Colombia, respectivamente y al Señor Alfredo Arévalo, ex – vicepresidente del órgano electoral de Colombia. Todos ellos miembros del CEELA.

Es importante que se conozca, dijo Reinaldo Quijadas, coordinador Nacional de la organización política, que el Acompañamiento Internacional tiene como función presenciar y participar en todas las etapas técnicas – previas, durante y posteriores – de los eventos electorales.

Nos referimos, por ejemplo, a observar el funcionamiento del sistema automatizado, de la infraestructura tecnológica, de las auditorías, del desarrollo del acto de votación pero, su marco de acción, no se extiende a valorar las acciones de otros entes públicos, distintos al CNE, como lo sería la Contraloría General de la República, tampoco al uso indebido de fondos o bienes públicos, como ha sido práctica común, y evidente, por el partido de gobierno.

Es decir, su acción está “acotada” y “limitada” a aspectos técnicos del proceso.

Con lo anterior queremos señalar que el Acompañamiento Internacional no puede intervenir, ni pronunciarse en el hecho lamentable de las inhabilitaciones de los “4 de Portuguesa”. Sin embargo, es conveniente hacer pública la DENUNCIA nacional e internacionalmente.

Exponemos los hechos. En fecha 22 de octubre de 2021 tuvimos conocimiento de la inhabilitación de cuatro (4) candidatos a alcaldes del Estado Portuguesa por parte de la Contraloría General de la República, debido a la no presentación de las “Declaraciones Juradas de Patrimonio” (numeral 1 del artículo 39 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción). Los cuatro eran disidentes del PSUV, los cuatro con altas posibilidades de ser electos, los cuatro postulados en la llave con la también disidente del PSUV, férrea crítica del gobierno del Presidente Maduro y candidata a la gobernación Profesora Antonia Muñoz.

Las conjeturas no se hicieron esperar: se quiere afectar, por mampuesto, la candidatura de la popularmente conocida, “negra” Antonia, que también tiene altas posibilidades de ser electa.

La realidad es que uno de los “4 de Portuguesa” nunca ha sido funcionario público, otro sí lo fue hasta el 05 de octubre de 2021 pero presentó la Declaración Jurada el 02 de noviembre de 2021, dentro de los lapsos legales y los otros dos fueron funcionarios públicos hace 15 y 6 años respectivamente.

Ninguno fue cuentadante. El Decreto Ley establece explícitamente el control para aquellos funcionarios que “manejen fondos públicos” o “cuentas bancarias”, comprometan el “patrimonio público”, autoricen “pagos”, lo cual no es el caso de ninguno de los cuatro.

Le hemos dirigido dos (2) cartas públicas y una (1) privada, muy comedidas y respetuosas, al Contralor General de la República, Elvis Amoroso, funcionario que fue diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV y miembro de la Dirección Política Nacional de ese partido y una (1) al Vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Todas sin respuesta. Sólo silencio. El hecho que un funcionario de un importante ente público como lo es la Contraloría General de la República haya sido un conocido dirigente partidista no lo inhabilita legalmente para ejercer un cargo de esta naturaleza, aunque en nuestro opinión sí lo inhabilita éticamente por el evidente conflicto de intereses, y, cuando menos y por ese mismo hecho, debería extremar su celo en aclarar las dudas, y obvias suspicacias, dar respuesta y rectificar si fuese el caso, como creemos e insistimos que debe ser.

Estamos conscientes que escapa al ámbito de acción directa del acompañamiento internacional pronunciarse sobre un tema de esta naturaleza sin embargo es necesario que la comunidad internacional conozca estos hechos que, sin duda alguna, le quitan legitimidad al evento electoral del 21N. Y es una demostración de la indefensión que muchas organizaciones con fines políticos tenemos.

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