La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha llegado a la conclusión de que «autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos progubernamentales han cometido crímenes contra la humanidad en Venezuela al menos desde abril de 2017».

Así lo recoge el informe definitivo que Fatou Bensouda, fiscal de la CPI hasta el pasado junio, dejó a su sucesor acerca del ‘examen preliminar’ que puso en marcha en febrero de 2018 ante las denuncias recibidas de abusos por parte de las fuerzas de seguridad del régimen chavista en protestas callejeras y en las cárceles. En ellas se alertaba de un uso excesivo de la fuerza para «dispersar y reprimir manifestantes» y los «graves abusos» sobre los detenidos

 que expresaban su rechazo al gobierno de Nicolás Maduro.

En el documento con las observaciones de Bensouda, al que ha tenido acceso ABC, se cita entre los crímenes contra la humanidad que se habrían cometido en Venezuela «el encarcelamiento u otra severa privación de libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional de acuerdo con el artículo 7(1)(e); tortura de acuerdo con el artículo 7(1)(f); violación y/o otras formas de violencia sexual de gravedad comparable de acuerdo con el artículo 7(1)(g); y persecución contra cualquier grupo o colectividad identificable por motivos políticos de acuerdo con el artículo 7(1)(h) del Estatuto de Roma».

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