El Gobierno de Venezuela exigió formalmente a las autoridades de Trinidad y Tobago una indemnización por los daños ecológicos causados por un derrame petrolero reportado a finales de abril.
La emergencia ambiental es crítica, ya que el hidrocarburo ha afectado un área estimada en más de 1.600 kilómetros cuadrados del territorio nacional, alcanzando aguas y zonas costeras.
El canciller venezolano, Yván Gil, denunció la falta de comunicación acertada por parte de ese país, calificando esta omisión informativa como una violación directa a los convenios internacionales vigentes.
A pesar de que el monitoreo satelital nacional detectó la contaminación el 28 de abril, la primera respuesta oficial trinitense ocurrió el 10 de mayo, un día después de que Venezuela emitiera una alerta pública.
El impacto económico y social golpea severamente a la pesca artesanal de la región oriental, donde más de 500 pescadores sufren pérdidas operacionales y comerciales de consideración.
El vertido compromete directamente el hábitat de unas 140 especies comerciales y extensas áreas de manglares, esenciales para el ecosistema marino. Las autoridades nacionales evalúan los mecanismos legales correspondientes para demandar formalmente la reparación y resarcimiento de todos los daños causados a los trabajadores del mar y al entorno natural.
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