Homar Garcés
Hay que reconocer que los fundamentos de la democracia -tal como hasta ahora se ha conocido- tuvieron su origen en el seno de las comunidades y en las distintas luchas sociales que caracterizan la historia de nuestros pueblos, no en castillos ni en parlamentos burgueses, beneficiarios directos de la explotación y de la dominación de aquellos. Tomando en cuenta este precedente histórico, se deben construir nuevos referentes éticos, morales y políticos que hagan frente a la lógica del sistema capitalista y no simplemente contentarse con lograr reformas parciales que no terminan por eliminar las causas de los diversos problemas socioeconómicos que agobian diariamente a los pueblos. Se requiere cambiar la realidad en vez de maquillarla. Por eso es pertinente -a propósito de los tiempos que se viven actualmente- la reflexión hecha en su artículo «Luchar en tiempo de imperios, guerras y cacerías medievales» por Llanisca Lugo González cuando señala que «la expansión imperialista se realiza en el territorio que deja una izquierda que intentó gobernar para todos, que creyó en el consenso entre clases, que pretendió ser nacionalista sin enfrentar al imperio. Esa izquierda abandonó el campo de la disputa ideológica, sólo en tácticas mostró diferencias con sus enemigos, se atemorizó con la tarea de dirigir la sociedad, rechazó la posibilidad de superar el capitalismo, y tuvo miedo al pueblo organizado. Huyó del conflicto, redujo las maniobras del Estado y con ello redujo su sujeto y diluyó su proyecto». Y esto nos obliga a construir sin miedos, ni limitaciones de cualquier tipo, una capacidad crítica entre los sectores populares para que una práctica teórica y política realmente revolucionaria, alejada de la tradición electoralista y eurocentrista, tenga asideros reales y no simplemente idealistas.
Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, el planeta se vio envuelto en una sublevación masiva que transformó estructuralmente, aunque de distintos modos, a las sociedades históricas de los cinco continentes que habían sido -hasta ese entonces- colonias europeas. Sin embargo, pronto también se materializará la negación del
derecho a la autodeterminación de los pueblos por parte de las potencias occidentales, destacando entre ellas, Estados Unidos, haciéndose sentir en Guatemala, Cuba, República Dominicana, Vietnam y la mayoría del territorio del sudeste asiático, mientras sus pares de Europa actuaban con modalidades semejantes en casi toda África. A partir de la firma del Tratado de Westfalia en el siglo XVII, Europa rediseñó las fronteras del planeta de acuerdo con sus intereses particulares, lo que hizo de los antiguos territorios de América, África, Asia y Oceanía cotos coloniales que perduraron -oficialmente- hasta mediados del siglo pasado, pero que parecieran renovarse en el presente bajo una nueva modalidad de colonialismo; cuestión que incidió en la adopción casi automáticamente de sus prácticas culturales y de su visión del Estado como ente regulador de la vida en sociedad. En tal contexto, la izquierda, pretendiendo ser revolucionaria, adoptó los mismos principios que guiaron la revolución francesa burguesa de 1789 (libertad, igualdad y fraternidad), renovados y transformados teóricamente por Karl Marx y Friedrich Engels, hasta que José Carlos Mariátegui, Ernesto Che Guevara y otros ideólogos de Nuestra América/Abya Yala/Améfrica Ladina se atrevieron a plantear una concepción remozada de la izquierda revolucionaria desde la perspectiva de las luchas de nuestros pueblos.
Muy contrariamente a lo planteado por los apologistas de la derecha, en la obra «La derecha vasalla», su autor, Esteban Torres, expone que «la derecha latinoamericana no es ni se propone ser un gran poder mundial. Más bien se ocupa de combatir a las fuerzas políticas regionales que propician la democratización mundial siguiendo los planes diseñados en un campo de poder comandado por la supraélite», financiera, tecnológica y política estadounidense y europea. Ya no es suficiente con etiquetar de fascistas y neofascistas a aquellos que -como Javier Milei, Nayib Bukele, Daniel Noboa, José Antonio Kast, María Corina Machado o Abelardo de la Espriella, entre otros más- están dispuestos a acatar incondicionalmente los dictados de Washington y a lacerar los derechos de sus conciudadanos sólo para beneficiar los intereses de los grupos capitalistas internos y foráneos.
«La agenda fue, en lo fundamental, -nos dice René Ramírez Gallegos en «Redistribuir sin transformar: Crisis civilizatoria y límites del progresismo»- una agenda de redistribución secundaria: transferencias monetarias, salarios, consumo. Se discutió cuánto y a quién, pero no qué se entiende por riqueza. Se disputó la distribución del ingreso, pero no la estructura que define qué cuenta como valor». Frente a esta realidad, a veces obviada por la incapacidad de no saber cómo lograr trascenderla, por no querer hacerlo o por no disponer de las herramientas adecuadas, habrá que elaborar una alternativa rupturista de la sociedad de consumo, como un primer paso para lograr la transformación estructural de la sociedad vigente. No se puede ignorar en este sentido que las sociedades de consumo capitalista han persistido a través del tiempo justamente porque se crea la ilusión entre los estratos sociales inferiores de poder alcanzar, algún día, el mismo estatus de quienes conforman las clases sociales dominantes y de eso no han escapado aquellos que, proclamándose revolucionarios, comunistas o socialistas, pretenden impulsar dicha transformación estructural simplemente con fórmulas legales que no profundizan en las causas de los diversos problemas a atacar, dejando, en consecuencia, el camino abierto a la demagogia ultraderechista; como ha estado ocurriendo en la última década en nuestro continente.
