El dinero de los pensionados de las Fuerzas Armadas de Colombia se encuentra perdido, y el Gobierno colombiano está haciendo todo lo posible por recuperarlo.
Todo se dió a conocer tras salir a la luz un nuevo escándalo de presunta corrupción que sacudió a todo el país. La negociación comercial por el pago de este dinero inició en agosto de 2015 y hasta la fecha no ha dado los resultados esperados.
El caso fue descubierto luego de que la Contraloría General colombiana hiciera una auditoría financiera en la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil) y determinara que la negociación produjo un daño patrimonial de 577.813 millones de pesos, equivalente a más de 139 millones de dólares, «que están perdidos».
Así lo explicó el contralor delegado para el sector defensa y seguridad, Luis Eduardo Parra, quien detalló que el daño patrimonial contra el fondo de los militares pensionados se originó por «un mal negocio inmobiliario» que realizó la Cremil, relacionado con la venta de 14 lotes ubicados en una exclusiva zona al norte de Bogotá, la capital colombiana.
Parra explicó que la Cremil «transfirió el derecho real de dominio sobre estos lotes, sin garantía alguna, al Patrimonio Autónomo Fideicomiso de Administración América Centro de Negocios», que se comprometió a construir «un moderno centro comercial de seis pisos con dos torres de oficina». Tras casi ocho años de haberse suscrito el contrato, solo se encuentran en el lugar algunos cimientos de la construcción y maleza.
«El negocio parecía sencillo, Cremil cedió sus derechos de propiedad sobre 14 lotes y a cambio recibiría 16.819 metros cuadrados para oficinas comerciales de la torre 2 y sus 289 parqueaderos para ser rentados. El problema es que la obra debió haberse entregado el 6 de agosto de 2019, fecha en la que se terminó el plazo para el cumplimiento de esa obligación inmobiliaria», agregó el funcionario.
«Se trató de una inversión que no generó beneficio económico patrimonial alguno, y sí, por el contrario, causó un gran daño patrimonial que configuró un hallazgo fiscal por la suma superior a los 577.813 millones de pesos que son los recursos con lo que se paga la asignación de retiro de los militares», dijo.
«Es un daño que ya ocurrió y no estamos frente a un daño futuro», añadió Parra, quien adelantó que la Contraloría actuará penal y disciplinariamente para dar con los responsables de estas irregularidades.
Petro pide una investigación profunda
Entre tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó que la pérdida de estos fondos millonarios debe contar con una investigación profunda y que trabajará junto con la Contraloría para buscar soluciones que permitan recuperar el dinero.
«La pérdida de medio billón de pesos del fondo para asignaciones de retiro de miembros de la fuerza pública debe ser investigado a profundidad. Buscaré reunión con la Contraloría para mirar posibles alternativas de recuperación de los dineros», comentó.
Luego, Petro hizo referencia a una investigación periodística del medio local El Tiempo, en la que se detalla que en torno al negocio de la Cremil sobre la referida construcción, está involucrado el ganadero Guillermo Acevedo, un excomandante paramilitar conocido en el mundo del narcotráfico por el alias ‘Memo fantasma’.
«La pérdida de estos enormes recursos para el pago de asignaciones de retiro es un capítulo más de la oscura relación entre altos mandos militares retirados y los financistas del paramilitarismo. Pierden decenas de miles de militares en uso de su bien retiro. Los estafaron», comentó Petro.
Entre tanto, la Cremil informó, a través de un extenso comunicado, varios detalles sobre la situación jurídica del contrato de compraventa que suscribieron con la denominación comercial Aldea Proyectos para desarrollar el «Plan Parcial de Renovación Urbana El Pedregal», ubicado en la mencionada zona de Bogotá y que incluye las torres «1 y 2» y un centro comercial.
Según la Cremil, «el alcance del contrato», que tendría vigencia hasta 2024, tiene un valor de 225.250 millones de pesos, casi 54 millones de dólares, que están «representados en 16.819 m2 de área comercializable en la torre 2 y 289 parqueaderos». Además, el convenio incluye un fideicomiso «de administración inmobiliaria» que beneficia a la Caja por la suma pactada.
La entidad, que se comprometió a «aclarar la situación» ante las autoridades, afirma que los retardos se habrían dado a raíz de «cambios por los diferentes conceptos de obra que las administraciones distritales han proyectado» para el lugar donde se realizaría la construcción, lo que ha provocado que las partes tengan que ir a negociación en varias oportunidades.
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Por el retraso de la construcción, según lo que pactaron las partes en 2015, Cremil se beneficiaría con el pago de multas «ante la imposibilidad de la entrega mencionada». El ente indicó que para obtener esos pagos constituyó en mora a Aldea Proyectos y adelanta gestiones legales con base a lo establecido en el contrato.
La entidad agregó que ha mantenido informados y «actualizados» a los afiliados y beneficiarios del fondo, y aseguró que «el pago de la asignación de retiro y sustitución pensional se encuentra garantizado». Además, afirma que «el proyecto solo busca incrementar el patrimonio de Cremil con el fin de proporcionar recursos al Gobierno que coadyuve al pago de asignaciones de retiro y sustituciones pensionales».
