No sólo es injusto atribuirles a los trabajadores el peso, causa y efecto de la inflación que padece el país, es infame. Lleva mas de una década de caída libre el ingreso, y casi un quinquenio sin ajustarse el salario mínimo vital.
Pretender subordinar un eventual ajuste de los salarios, jubilaciones y pensiones a una sobrevenida reforma en la Asamblea Nacional de la “Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras”para modificar el régimen de prestaciones sociales, es indolente, arbitrario y poco serio. Una legislación de la significación e importancia de la LOTTT requeriría de una reflexión profunda, constructiva y compartida mediante una fórmula tripartita.
A la fecha, el salario mínimo en Venezuela mantiene una crítica y constante pérdida de su poder adquisitivo, haciéndolo tácitamente testimonial, y aunque se complementa con bonos, el ingreso resulta insuficiente, y se desmejoran los derechos sociales preceptuados en la Constitución.
Esas bonificaciones son excluidas de la base de cálculo para determinar las prestaciones sociales, vacaciones, utilidades, horas extras e indemnizaciones, y no se contemplan para las cargas parafiscales, disminuyendo los aportes a la seguridad social, fondos de ahorro y otros conceptos.
Ajustar los salarios progresivamente, compensando el ingreso de manera razonable y de forma equilibrada, no solo es un acto de derecho y de justicia, constituiría también una política que bien orientada reactivaría el mercado de consumo y promovería la productividad económica, a la vez de mejorar la calidad de los servicios públicos y privados, generando un ambiente de paz social.
Basta recordar los perniciosos efectos de la diáspora venezolana en la economía, originada tras la severa crisis política y económica acontecida en el país, caracterizada por una alta inflación, ingresos insuficientes (salarios, jubilaciones y pensiones), desempleo, escasez de alimentos y medicinas, inestabilidad política, inseguridad ciudadana, violación de derechos humanos y deterioro de los servicios públicos; éxodo que alcanzo a los 7.9 millones de ciudadanos, y que transformó radicalmente la dinámica demográfica, social y económica del país. Perdimos un muy valioso capital humano en su edad más productiva, así como el bono demográfico, desperdiciando una ventana de oportunidades para desarrollar un mercado más productivo y de prosperidad para todos.
En el sector público, la des-salarización y la “precarización laboral”, propicio la deserción laboral. Infinidad de médicos, enfermeros, maestros, ingenieros, técnicos, operadores de maquinaria y de mano de obra calificada, se fueron del país buscando mejores oportunidades de vida, circunstancia que perjudico el funcionamiento y la posibilidad de modernización del “sistema integral de servicios públicos”, afectando profundamente áreas fundamentales, como: electricidad, agua, gas, comunicaciones, salud, educación, seguridad, industria petrolera, etc., haciendo sentir sus efectos y consecuencias en todo el sector productivo nacional.
Las características del sector privado, manufacturero y productor de bienes y servicios; y la naturaleza del sector público, fundamentalmente prestador de servicios; requieren de una fuerza laboral capacitada, profesionalizada e institucionalizada, cuyo proceso formativo demanda tiempo e inversión, conformando un activo valioso y necesario. El proceso productivo necesita de aquellos que manufacturan y de aquellos que mantienen la operación continua de los servicios esenciales, en muchos casos, cumpliendo guardias y a dedicación exclusiva.
Reconfigurar el proceso social del trabajo, el cual interrelaciona a individuos, medios de producción y a la comunidad en el propósito de generar bienes y servicios para satisfacer las necesidades sociales, es una tarea de gran responsabilidad.
Hacer más eficaz, eficiente y sustentable nuestra economía es un objetivo prioritario que debemos emprender, pero, mientras se teoriza al respecto la vida continúa y los compromisos legalmente adquiridos deben ser honrados.
Venezuela espera impaciente por las políticas económicas de reestructuración del Estado y las medidas estructurales que en su conjunto modifiquen el marco institucional regulatorio y operativo de nuestra economía, con el objetivo de mejorar la eficiencia, fomentar la productividad, lograr el crecimiento económico sostenido, corrigiendo los desequilibrios fiscales o macroeconómicos existentes.
Es necesario reducir el tamaño del Estado, reordenar el gasto público, eliminar el déficit, introducir disciplina fiscal y reducir la brecha cambiaria, liberarnos de sanciones, abrir el proceso de privatización e implementar un modelo de economía social y ecológica de mercado, pero, mientras eso sucede, los trabajadores no pueden seguir padeciendo la extinción de su salario.
Rafael Hernández A.
Movimiento Ciudadano UNION Y PROGRESO
(22-04-2026)
