Homar Garcés
A partir del 3 de enero de 2026 Venezuela comenzó a experimentar en su historia como país soberano una situación difícil y contradictoria: el control de sus recursos energéticos por parte de Estados Unidos. Sean cuales sean las razones que facilitaron dicha situación, lo cierto del caso es que Estados Unidos está extrayendo del país millones de barriles de petróleo, con lo que busca compensar las restricciones y las pérdidas que le puede ocasionar la guerra emprendida contra Irán, cuestión que el presidente estadounidense y altos personeros del gobierno venezolano han resaltado como algo positivo, indiferentemente del hecho que se haya violado militarmente la soberanía nacional, se haya secuestrado al presidente Nicolás Maduro, se establezca un protectorado de facto y se mantengan vigentes, en esencia, el cúmulo de sanciones que han afectado, de una u otra forma, el funcionamiento normal de la economía local.
Ahora que el gobierno venezolano transita una vía de entendimiento con el gobierno yanqui, logrando paulatinamente una serie de concesiones negadas bajo las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, muchas personas que se mostraron incrédulas ante el discurso oficial que denunciaba la gravedad del impacto de las sanciones unilaterales impuestas por los sucesivos ocupantes de la Casa Blanca han terminado por entender, a medias, la realidad de lo que antes negaban aunque otros todavía se empeñan en mantener intactos sus discursos de odio y sus intenciones desestabilizadoras, confiando en que les corresponde el turno de asumir la conducción del Estado. El reconocimiento público hecho por la presidenta encargada Delcy Rodríguez respecto a las deficiencias productivas y la situación de crisis que agobia la economía nacional ha determinado el agotamiento de un modelo que fue necesario impulsar en su momento, pero que, al tocar techo y repetir en gran parte el comportamiento de los viejos gobernantes del pacto de Punto Fijo, a lo que se agregara la acción bloqueadora e injerencista del imperialismo gringo, tenía que ser trascendido mediante la participación, el protagonismo y la conciencia clasista y patriótica de los trabajadores y las trabajadoras del país, reemplazando mucho de lo que ha sido el típico capitalismo rentista y dependiente venezolano.
Extraer riquezas, controlar mercados y obtener grandes ganancias son características típicas del capitalismo desde el momento en que este surgiera algo más de quinientos años, con la explotación inmisericorde de los pueblos nuestroamericanos y africanos. Para ello, el capitalismo internacional (con Estados Unidos a la cabeza) implementó mecanismos económicos y financieros de control sobre las economías del resto del mundo, en especial de los denominados países en desarrollo o subdesarrollados a los cuales, general y sistemáticamente, envolvieron en endeudamientos impagables, tratados comerciales desventajosos y libre acceso de sus grupos empresariales transnacionales a los mercados locales y a sus recursos estratégicos; lo que hizo más dependientes y atrasadas sus economías, a tal punto que una parte significativa de sus poblaciones se vio obligada a migrar a Europa y Estados Unidos para sobrevivir, sufriendo discriminaciones, persecuciones y deportaciones en gran escala. Esto es algo que no escapa a la realidad de Venezuela y así deberían comprenderlo sus habitantes, estén o no de acuerdo con el gobierno actual. La complejidad del momento histórico que se precipitó con los sucesos del pasado 3 de enero no se solventará nada más con la realización de unas elecciones generales, con un proceso profundo de privatización de las principales empresas en manos del Estado o la expectación pasiva de la población. Requiere aportes, creatividad, emprendimiento y conciencia colectiva; no exigencias que rebasen la realidad ni una conflictividad que nos conduzca a una ingobernabilidad total para la cual no estaríamos nada preparados ni sabríamos soportar, dada nuestra consuetudinaria supeditación de papá Estado.
